Aunque en el Gobierno no dan muchas pistas, el credo oficial es "algo en línea con la inflación". En ese caso, se trataría de una recomposición de entre 25% y 28%. Sin embargo, el secretario Martínez cree que hay sectores que pueden afrontar una recomposición mayor, en el orden de entre el 50% y 60%.
El aumento del 28% "promedio" podría enmascarar que hay clientes que tendrán un incremento del 10% y otros, más cercanos al 60%. Dos asociaciones de empresas eléctricas se reunieron con el secretario Martínez en las últimas semanas. En una de esas reuniones, se consensuó que determinados sectores podrían pagar los servicios. "Al que puede pagar, vamos a tratar de cobrarle el costo", prometió Martínez.
Las empresas dicen contar con la información necesaria para aplicar aumentos segmentados, que podrían llegar con precisión a segmentos que pueden "pagarlos", según coinciden en empresas y Gobierno.
El Poder Ejecutivo estudia un solo incremento anual, para evitar costos políticos en 2021 (año electoral), pero las opciones están abiertas. Serían "tarifas de transición", que durarían todo el año. Recién para 2022 está prevista la revisión tarifaria integral (RTI), que sería el cumplimiento del marco regulatorio del sector.
Los subsidios, que ahora corren para todos, podrían recortarse para ser asignados en forma más específica. En la mira hay un 20% del padrón de usuarios residenciales de luz y gas. Allí el aumento podría rondar el 50% al 60%.
El porcentaje de los que podrían pagar un aumento difiere según región geográfica, o si se trata de luz o gas.
La idea del Gobierno sería avanzar con aumentos para segmentos acomodados o poder adquisitivo medio, excluyendo los barrios de emergencia. En las empresas dicen que -en muchos asentamientos-, la electricidad no se paga.
Con el gas, el aumento sería anunciado en diciembre, pero los consumidores recién comenzarán a notarlo hacia el invierno, cuando sube la demanda. El interventor del Enargas, Federico Bernal, difundió un trabajo que habla de 85% de retraso tarifario si las boletas se hubieran ajustado al mismo ritmo que en la administración anterior. Los técnicos que formaron parte de la gestión 2015-2019 no comparten esas estimaciones.
