El último que a-pague la luz
- El gobierno jujeño financia actualmente 35 mil beneficiarios de la tarifa social.
- Sin embargo, durante el pasado noviembre lejos de congelar los valores como había solicitado el macrismo se aplicó un fuerte aumento.
- Crecen las dudas por la aplicación del cargo FOPEJ destinado a infraestructura eléctrica.
- La oposición denuncia que lo recaudado se destina a pagar los créditos de Cauchari.
Los usuarios con la soga al cuello solicitan intervención política ante los exorbitantes montos que mes a mes deben pagar por el servicio de energía eléctrica.
Durante la última semana los vecinos de San Pedro, Monterrico, El Carmen, Palpalá, Fraile Pintado (hoy) mostraron su descontento en filiales de SUSEPU y Concejos Deliberantes, superados por una situación insostenible para el bolsillo del ciudadano promedio.
En medio de un clima de incertidumbre llegó la oportuna aclaración por parte de presidente del ente, Héctor Simone, encabezando reuniones y señalando que el inconveniente surgía por la falta de reempadronamiento. Aproximadamente el 50% de los beneficiarios de la tarifa social dejaron de contar con dicha gracia al no realizar el trámite pertinente.
La empresa distribuidora Ejesa haría lo propio, descartando un aumento tarifario y explicando su rol en el entramado de generación-traslado-consumo de energía eléctrica. Referentes de organizaciones sociales fueron recibidos por el gerente general Ernesto Vaccaro quien garantizó la continuidad de la tarifa social, incluyendo la inmediata reincorporación del tributo reducido siempre y cuando se cumpla con los requisitos.
"Cuando existe un consumo razonable y elementos conectados como corresponde jamás se llega a esos importes. Pero existen casos de cifras fuera de lo normal, por eso les pedimos a los usuarios que vengan para analizarlo" explicaba Vaccaro.
La Secretaría de Energía informó que la provincia de Jujuy mantiene en vigencia la tarifa social de 35.000 beneficiarios, además de mantener el padrón abierto para quienes reúnan las condiciones de acogerse a la misma, existiendo un plazo de 60 días.
En paralelo se puso en duda la funcionalidad del cargo FOPEJ (Fondo Provincial de Energía Eléctrica de Jujuy), implementado en 2018 tras audiencia pública con el fin de financiar proyectos eléctricos.
Sectores críticos del gobierno solicitan el esclarecimiento de dicho concepto, basados en que el único proyecto eléctrico de envergadura en ejecución es Cauchari, con millonaria financiación de respaldo. En el peor de los casos, vía créditos en dólares y financiamiento doméstico, los jujeños estarían pagando dos veces el parque fotovoltaico de Susques.
La titular de Usuarios y Consumidores Unidos Patricia Tabera sostiene que el mencionado cargo no cumple su función como tal ya que no se estarían realizando las tareas de mantenimiento, uno de los motivos por los que fue creado.
Pero aunque se maquille, la explicación definitiva no deja lugar a dudas, la tarifa de distribución aumentó en noviembre del pasado año e impacta con rigor en las últimas facturas de luz. En diálogo con Radio 2 la referente de CODELCO Alicia Chalabe describió la necesidad de retrotraer los valores.
"Todo lo que discutamos es adorno, el valor de la tarifa se aumentó en noviembre del año pasado. Eso es lo que está impactando hoy en las facturas que reciben los usuarios finales de energía eléctrica. Ellos (el gobierno) manifiestan que no es necesario adherirse a la Ley de Emergencia, que faculta a congelar y revisar tarifas. En Jujuy como en el resto de la provincias no hay previsibilidad. El impacto inflacionario ha producido un caos económico, las tarifas no son sostenibles".
Poco le importó al gobierno de Gerardo Morales la sugerencia del ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne de sumarse al congelamiento de tarifas el pasado abril cuando aún eran aliados. Tampoco parece haber interés local en adherirse a la Ley de Emergencia tarifaria sancionada en tiempos de Fernández.
La diputada justicialista Alejandra Cejas apuntó directamente contra el gobernador jujeño al señalar que “autorizó un aumento del 35% en la tarifa de luz, cuando Alberto Fernández congeló las tarifas por 6 meses. Es un despropósito que en la Provincia siga yendo en contra de los intereses de los que menos tienen cuando desde el Gobierno Nacional se viene trabajando fuerte para reactivar las economías regionales con medidas que favorezcan a los que menos tienen”.
En medio del conflicto, resuenan las palabras de Morales sobre las bondades del emblemático proyecto para generar energía eléctrica económica, auto abastecerse y sacar un rédito económico.