Amnistía Internacional ha puesto en alerta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a las Relatorías Especiales de defensores de derechos humanos sobre el creciente ataque a la libertad de expresión en Argentina. Desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, cerca de 30 periodistas han sido objeto de hostigamiento a través de redes sociales y medios de comunicación, según el informe de la organización.
La situación de la libertad de expresión en Argentina
Amnistía Internacional ha puesto en alerta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a las Relatorías Especiales de defensores de derechos humanos sobre el creciente ataque a la libertad de expresión en Argentina.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, expresó su preocupación al afirmar que, aunque el gobierno de Milei lleva pocos meses en el poder, ya se han evidenciado patrones de confrontación, odio, temor y difusión de noticias falsas que violan las reglas básicas del Estado de derecho. Belski destacó que la red social X (anteriormente conocida como Twitter) se ha convertido en una herramienta preferida del gobierno para realizar señalamientos y acusaciones.
En el comunicado difundido por Amnistía Internacional, se detalló que a través de posteos y reposteos en esta plataforma, los periodistas y comunicadores han sido colocados en la primera línea de ataque, siendo etiquetados con calificativos como "mentirosos", "ensobrados", "idiotas", "violentos", "agresivos", "despreciables" e "imbéciles". Entre los periodistas mencionados que han sido víctimas de estos ataques se encuentran figuras reconocidas como Jorge Lanata, Jorge Fontevecchia, María O'Donnell, Marcelo Bonelli, María Laura Santillán, Martín Rodríguez Yebra, Joaquín Morales Solá y Marcelo Longobardi.
En su escrito, la organización internacional también cuestionó la arbitrariedad con la que el gobierno decidió remover la acreditación de la periodista Silvia Mercado. Esta acción, según Amnistía Internacional, es un claro ejemplo del riesgo de un ejercicio arbitrario y selectivo del poder, especialmente cuando se anunció la intención del vocero de la presidencia de dictar lineamientos para la acreditación en Casa Rosada. Estos lineamientos podrían derivar en una limitación de las voces que pueden cuestionar e indagar sobre las medidas del gobierno, restringiendo aún más el espacio para el debate y la crítica.
Amnistía Internacional reveló además que este tipo de ataques suele tener un anclaje más profundo cuando las víctimas son mujeres. “Esto impacta directamente no solo en la reducción del debate público sino también en la salud de las personas afectadas”, agregaron. La violencia de género en el ámbito periodístico no solo silencia voces críticas, sino que también perpetúa un entorno hostil que afecta gravemente la salud mental y emocional de las periodistas.
En la carta que Belski envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se expusieron dos principales áreas de preocupación: las agresiones contra periodistas y las restricciones en el acceso a las ruedas de prensa presidenciales. Además, denunció el uso de redes sociales por parte del gobierno para “atacar y desacreditar a periodistas, generando un efecto silenciador”. Estas agresiones incluyen insultos, calumnias y amenazas que buscan minar la reputación de los profesionales de la prensa. Se mencionaron ejemplos concretos de estas agresiones, evidenciando un patrón de hostigamiento y violencia que busca no solo silenciar a la prensa, sino también deslegitimar su labor informativa.
Este panorama presenta un preocupante desafío para la libertad de expresión en Argentina, poniendo en evidencia la necesidad de proteger a los periodistas y comunicadores frente a cualquier forma de hostigamiento y violencia. La intervención de organismos internacionales y la continua vigilancia sobre las acciones del gobierno son esenciales para garantizar el respeto a los derechos fundamentales en el país. La vigilancia internacional y la presión sobre el gobierno de Milei serán cruciales para revertir estas tendencias y restaurar un entorno donde la libertad de expresión y el derecho a la información sean plenamente respetados.

