Si bien es cierto que lo decidido por el máximo tribunal del país es menor al 3,5% que reclamaba el gobierno porteño, es el doble del que pretendía transferir Alberto Fernández.
Fallo a favor de Larreta y el dilema de Morales
Finalmente la Corte Suprema, otorgó una cautelar hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, y le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires, la cual a partir de ahora deberá recibir el 2,95% de coparticipación federal de impuestos.
La causa se va a continuar desarrollando en la Justicia hasta que llegue la decisión final. Sin embargo, Nación deberá comenzar a transferirle de manera diaria y automática los fondos que dispuso la Corte.
Ni bien conocido este fallo, diferentes abogados constitucionalistas respaldaron el fallo de la Corte Suprema de Justicia, al señalar que la decisión es jurídicamente impecable y favorece el federalismo del país y la autonomía de CABA.
Los expertos en la materia remarcaron que las provincias no se ven afectadas ni beneficiadas por la quita o la devolución de estos fondos a la Ciudad, ya que el monto que está en disputa es el correspondiente al Estado Nacional.
Hay que remarcar que la CSJ solo concedió una medida cautelar, es decir a modo temporal, y se le indicó al Gobierno de la Nación que, de la quita que le hizo a la CABA, le devuelva mes a mes el 0,63 por ciento hasta que se resuelva el fondo del conflicto.
Esto está previsto en una ley del año 1988, es decir, antes de que la Capital Federal fuera autónoma, y es por eso que este distrito no entra en el reparto que corresponde a las provincias, sino que lo que recibe sale de la parte que corresponde al Gobierno Nacional.
La Corte explica que para determinar el monto que debe recibir la Ciudad, el máximo tribunal tomó en cuenta la pretensión porteña de que se restablezca la vigencia del decreto de Mauricio Macri y por otro la pretensión del Estado Nacional de que se rechace la demanda y se mantenga en pleno vigor el sistema introducido por la ley 27.606, que sancionó en Congreso. Es por eso que adoptó una solución intermedia hasta que resuelva el fondo de la cuestión. Ello ocurrirá luego de que ambas administraciones presenten las medidas de prueba que aún no se llevaron a cabo.
El Presidente Fernández recortó los fondos en dos tramos tras la suba otorgada por Mauricio Macri. El primer recorte fue vía decreto en septiembre de 2020 y la segunda poda pasó por el Congreso meses más tarde.
Cuando asumió Fernández avisó que estudiaría el aumento otorgado por Macri al traspasar la policía a la Ciudad. El ex Presidente subió en 2,1% el porcentaje que recibía el distrito y tras el cambio de gobierno el incremento volvió a cero, por eso CABA recibe el 1,4% histórico que se fijó en 2003 casi diez años después de la reforma constitucional.
Los gobernadores, que dicen que dependen de esos recursos para ejecutar obras, vislumbran un perjuicio tangible e importante para sus respectivas performances en el año electoral, y culpan principalmente a la Justicia por una sentencia que considera política.
No se entiende bien la queja de los gobernadores, ya que no es la parte del dinero de las provincias el que se ve afectado con la quita o devolución que el Gobierno nacional deba hacerle a la CABA.
Aunque sí va a ser perjudicada será la provincia de Buenos Aires, porque arbitrariamente Alberto Fernández quitó los fondos a la administración porteña para dársela a la bonaerense.
La Corte lo menciona en varias partes del texto y reivindica constantemente que esta decisión no afecta a los fondos de las otras provincias.
Lo inaudito es que sigamos discutiendo la coparticipación en pleno 2022. Los gobernadores, en primer lugar, y el Congreso también, alguna vez tienen que sancionar la ley establecida desde el año 1994, que es la de coparticipación federal. La solución es política, algún día tienen que asumir el rol que les da la Constitución en lugar de hacer jueguitos para la tribuna.
La Corte Suprema no es el problema, como pretende instalar el relato oficialista, ya que cumplió cabalmente con su mandato y su rol dentro del esquema republicano, poniendo frenos a los desbordes y haciendo prevalecer la vigencia de la Constitución Nacional.
Muchos gobernadores ya están hablando de seguir el camino de Larreta, es decir, aumentar impuestos para compensar los fondos. Una muestra más que genéticamente son iguales, jamás van a hablar de achicar el gasto político, siempre van por lo mismo, aumentar impuestos para seguir financiando la fiesta populista, donde los únicos que ganan son los eternos y vetustos integrantes del elenco político.
Es un buen momento para recordar que esta ley que recorta los fondos a CABA se aprobó en el Congreso con los votos de los diputados del Frente de Todos y con el concurso de los legisladores que respondían a Gerardo Morales.
En aquel entonces Morales apoyo la poda de recursos en el convencimiento que así lo sacaría a Rodríguez Larreta de la carrera presidencial, inclusive se sumaba entusiasta a las bravuconadas en contra de la Ciudad de Buenos Aires, absolutamente fiel al estilo kirchnerista.
Ahora es una incógnita qué actitud tomará Morales, ya que por un lado y desde el punto de vista ético debe sostener su voto y su apoyo del 2020, a la vez tiene que respetar sus acuerdos y lealtades con sus mandates kirchneristas, mientras que a la vez debe seguir en la campaña de congraciarse con Rodríguez Larreta para ver si logra la buena voluntad del porteño para que le permita integrar la boleta como candidato a vicepresidente.
Este nuevo sainete recién está comenzando y promete futuros capítulos con final impensado.

