Ahora Rivarola defiende la institucionalidad cuando su sello es la impunidad

Subrayamos la actitud de este protagonista de la tragedia de Jujuy que intenta ocultar lo que esta naturalizado en la provincia. Independientemente de la calidad personal de los nuevos funcionarios ocurre que el sistema los induce a subordinarse al poder, es por este motivo la desconfianza de la gente en la justicia.

Rivarola viene a formar parte del grupo de la comisión investigadora que recibió una denuncia sin objeto claro, por lo cual es lógico que nadie le crea nada de lo que dice. El estaría formando parte del encubrimiento de los hechos, sino cuando recibió la denuncia contra Lello Sánchez debería haber preguntado ¿cuál es el objeto de la misma?

Las designaciones de Alejandro Bosatti y Gonzalo de la Colina (sin entrar en cuestiones personales), no cabe ninguna duda, favorecerían a los intereses del poder en el marco de una democracia que se pretende madura pero que está muy lejos de ello. Se trata de poner en cuestión, la legitimidad institucional y el impacto en la confianza ciudadana.

La cuestión central es la independencia del Ministerio Público de la Acusación. En una democracia liberal, el MPA no es un apéndice del Poder Ejecutivo sino un órgano con mandato constitucional o legal autónomo para garantizar el debido proceso, la igualdad ante la ley y la defensa de los derechos fundamentales.

Cuando se observa que la designación de nuevas autoridades podría estar influida otra vez por el poder político de turno y por redes de negocios privados, surgen preguntas sobre competencia, transparencia y separación de poderes. La independencia no es un lujo retórico sino una condición necesaria para evitar que la persecución o la protección selectiva de intereses se conviertan en reglas operativas.

Si el ejecutivo controla procedimientos o nombramientos clave, el riesgo legítimo es que se privilegie una ética de obediencia funcional sobre una ética de servicio público y neutralidad institucional. Este desequilibrio, en un contexto de democracias complejas, erosiona la legitimidad del sistema y alimenta la desconfianza ciudadana hacia las instituciones.

Conviene cuestionar el marco de legitimidad conceptual de “coincidir” con un liderazgo político en un órgano fiscalizador de la acción penal. Si la crítica dominante es que hay un “sistema” que induce a subordinarse al poder, entonces se está preguntando por la gobernanza de la justicia.

Gobernanza no es solamente cumplir normas; es la capacidad de generar confianza pública mediante reglas claras, salvaguardas institucionales y mecanismos de rendición de cuentas que funcionen en la práctica. Aquí surge la tensión entre la necesidad de eficiencia administrativa y la exigencia de separación de poderes. Una designación percibida como captura política (Bosatti respondería a Gerardo Morales y De La Colina a Rivarola) este dato puede generar de nuevo una espiral de sospechas que afecta el intercambio social fundamental: la ciudadanía debe creer que la justicia está libre de repeticiones de presión, coacciones o favores.

El archivo histórico de denuncias sobre aprietes y persecuciones, si bien no puede generalizarse a partir de casos aislados, funciona como precedente interpretativo para la credibilidad institucional. Una historia de intervenciones indebidas, presiones o favoritismos, alimenta un marco interpretativo en el que cualquier nueva designación es leída como continuidad de prácticas problemáticas. En ese sentido, la crítica conceptual no es solo a individuos sino a estructuras relacionales de poder: quién propone, quién aprueba, quién se beneficia y qué salvaguardas existen para impedir que esas dinámicas se repitan. la pregunta clave seria ¿quién garantiza que la autoridad elegida no sea un puente hacia intereses ocupados por actores internos y externos al servicio público?

El término “prestigio” del ministerio, cuando se ve afectado por una lectura de captura política, adquiere una dimensión de capital institucional. el prestigio no es un adorno es la capacidad de la institución para funcionar con legitimidad frente a la ciudadanía, las víctimas y los actores judiciales.

Si se percibe que la institución está contaminada por alianzas corporativas o por una red de favores, el costo es doble: menor capacidad operativa para perseguir la criminalidad de manera equitativa y un debilitamiento de la confianza pública que dificulta la cooperación y la denuncia ciudadana. El prestigio se reconstituye a través de transparencia, claridad en los procesos, y una cultura organizacional que priorice el interés público sobre beneficios particulares.

Cuando existen señales consistentes de que las reglas de juego favorecen a ciertos actores, se debe exigir una evaluación institucional rigurosa: auditorías, recusaciones cuando correspondan, publicación de declaraciones de intereses, y mecanismos de control externo que protejan la autonomía del MPA.

Por último, la discusión no debe quedarse en la acusación de “incapacidad” del sistema, sino en las vías para fortalecerlo. Propuestas como reformas al proceso de selección de autoridades, límites claros a la influencia política en decisiones estratégicas, indicadores de transparencia, y mecanismos de rendición de cuentas operativos pueden contribuir a reconstruir la confianza. La solución no reside en borrar la complejidad de las relaciones entre poder político y judicial, sino en fortalecer las salvaguardas para que la justicia permanezca al servicio de la ciudadanía y no de intereses partidarios o empresariales.

La independencia del MPA es un bien público y que su preservación requiere estructuras institucionales solidas que despojen a las designaciones y que promuevan una cultura de servicio público por encima de las contingencias políticas. La democracia no se demuestra solo en elecciones, sino en la constancia con que sus instituciones resisten la tentación de subordinarse a intereses privados o a lógicas de poder que socavan la igualdad ante la ley. Si se quiere una justicia percibida como neutral y digna, es imperativo traducir este diagnóstico en reformas y en una vigilancia cívica que acompañe a la ciudadanía en la defensa del estado de derecho.

Esto no es videncia señor Rivarola, esto se llama terminar con la impunidad.