La abogada Silvana Llanes expuso ante la Justicia Federal un entramado de falsificación de actas y duplicidad de constancias por parte de la Secretaría de Pueblos Indígenas. El objetivo sería deslegitimar a las autoridades legítimas y restarle fuerza a la querella contra ex funcionarios provinciales.
La situación institucional en la comunidad indígena de Caspalá atraviesa horas críticas.
En medio de un marcado retraso en los avances judiciales de la causa principal, la abogada representante de la comunidad, Silvana Llanes, denunció penalmente a la Secretaría de Pueblos Indígenas y al Procurador del Tesoro por intentar introducir documentación apócrifa en el expediente federal.
Según detalló la letrada, el Ejecutivo provincial busca imponer a una nueva presidente a medida de los intereses oficiales —la empleada municipal Sonia Batallanos, quien no reside en la localidad— con el fin de desplazar a Lucía Apaza, referente histórica de la lucha por la defensa del territorio, la identidad cultural y el patrimonio arqueológico.
"La Secretaría de Pueblos Indígenas, lejos de cumplir con su función, lejos de brindar asesoramiento, de acompañar a la comunidad, lo que hace es tratar de deslegitimar la querella, lo cual no puede porque en realidad integrantes de la comunidad han realizó la denuncia inicial contra Gerardo Morales por los avasallamientos", expresó al dialogar con Radio 2.
Uno de los ejes centrales de la denuncia apunta a las intervenciones que actualmente se realizan en la zona. Llanes aclaró categóricamente que la reparación de la cancha deportiva no responde a una iniciativa voluntaria de la actual gestión del gobernador Carlos Sadir, sino al estricto cumplimiento de una demanda judicial derivada de los daños provocados durante los episodios de represión y desalojo.
"El gobernador está obligado, hermanos de Caspalá, no se dejen engañar. El gobernador está obligado por una manda judicial. Si él desobedeció, vamos a seguir hasta las últimas consecuencias respecto a la desobediencia del señor gobernador, que bajó en un helicóptero y no pidió disculpas al pueblo."
Asimismo, la representación legal alertó sobre un clima de hostigamiento sistemático contra los habitantes locales y empleados municipales que apoyan el reclamo legítimo de las tierras y la ejecución transparente de los presupuestos enviados por Nación —fondos cuyo destino para obras escolares en la gestión anterior aún continúa bajo la lupa de la justicia—.
