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¿Casas o cannabis? La injustificable caja de USD100 millones de Cannava en una Jujuy con 67 mil familias sin techo

Mientras los salarios de sectores esenciales como la salud y la educación sufren el impacto del contexto económico, y decenas de miles de jujeños no pueden acceder a una vivienda propia, y mas de 80 mil jujeños están endeudados segun informó el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la empresa estatal Cannabis Avatara S.E. (CANNAVA S.E.) ha absorbido un flujo constante e ininterrumpido de divisas y fondos del Tesoro provincial que roza los 100 millones de dólares.

El contraste entre el multimillonario desembolso en el proyecto estatal y la falta de soluciones habitacionales o mejoras salariales ha encendido la alarma en distintos sectores políticos y sociales de la provincia.

La crisis habitacional no es una estimación al azar: en mayo de este año, desde la CTA “Frente Barrial” solicitaron formalmente la declaración de la Emergencia Habitacional en la provincia mediante un proyecto impulsado en la Legislatura. Marcelo Cavero, referente de la organización, detalló que 64.600 familias no tienen vivienda propia en Jujuy y que la falta real de unidades supera las 60.000. Los datos surgen del cruce entre inscriptos en el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), relevamientos en barrios populares y medidores de luz por hogar, en un contexto donde el 61% de los niños y niñas jujeñas vive bajo la línea de pobreza.

La crítica al IVUJ apunta a que abandonó su función social: al exigir requisitos como dos garantes con recibo de sueldo en una provincia con altísima informalidad, feriantes y emprendedores quedan automáticamente excluidos del acceso a un techo.

A este panorama se suma el crítico endeudamiento de la población. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicado el 9 de septiembre de 2026 con datos a julio, 86.618 jujeños se encuentran en situación de mora considerando bancos y proveedores no financieros de crédito (billeteras virtuales). La morosidad alcanza al 15,7% de las familias con crédito en la provincia, escalando drásticamente al 31,6% en el caso de las billeteras virtuales, donde 45.448 personas mantienen deudas irregulares exclusivamente con este tipo de plataformas.

La ingeniería financiera: USD 100 millones bajo un velo de opacidad

El análisis de la cronología financiera de CANNAVA S.E. expone una capitalización continua desde su creación. El "Universo Financiero" movilizado alrededor de la empresa pública, gestado inicialmente bajo la conducción de Gastón Morales y continuado por la gestión de Fernando Bruera, asciende a un total acumulado de USD 99,9 millones, cifra que supera los $150.739 millones de pesos al tipo de cambio de referencia habitual.

El desglose de esta ingeniería de recursos se compone de estos pilares:

-Fondos públicos directos identificados: USD 22,9 millones inyectados a través de transferencias presupuestarias directas y aportes irrevocables de capital.

-Crédito público autorizado: USD 77 millones aprobados mediante autorización legislativa de endeudamiento público entre 2021 y 2023.

-Aportes irrevocables recientes: Transferencias documentadas en el Boletín Oficial, como la asignación de $2.610 millones oficializada mediante el Decreto Nº 243-E/2024 a fines de 2024.

A pesar de la envergadura de estas erogaciones, la falta de transparencia contable sigue siendo el principal cuestionamiento. A la fecha, CANNAVA S.E. no ha presentado la rendición de cuentas completa ante la Auditoría General de la Provincia, manteniendo el ejercicio contable correspondiente al año 2024 en estado vencido e incumplido. A esta opacidad se suma el estatus de "confidencial" bajo el cual figuran las exportaciones de productos primarios de la provincia en los informes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación.

(Imagen de informe de Cristina Guzmán)

"¿Qué se podría hacer con $100 millones de dólares?": Las fuertes críticas de Cristina Guzmán

La exlegisladora y referente del Movimiento Popular Jujeño (MPJ), Cristina Guzmán, apuntó duramente contra el destino de estos fondos públicos durante su intervención en el programa televisivo Sobremesa, cuestionando el verdadero retorno social del emprendimiento.

"Yo le doy 100 millones de dólares. Usted dígame: ¿qué ha hecho con esos 100 millones de dólares? 'Ah, me dicen, tengo un laboratorio brutal, tengo tantas plantas'. ¿Y eso para la gente qué es?", inquirió Guzmán.

Guzmán enfatizó la brecha que existe entre las inversiones en la firma estatal y la realidad que afrontan las familias jujeñas en materia habitacional y salarial:

"Estamos hablando de 100 millones de dólares, jujeños... que se lo sacaron del salario de cada uno de los jujeños, que lo sacaron de la posibilidad de que pueda prosperar su familia y nos están endeudando cada vez más", aseveró.

"Esto puede equivaler a 3.600 viviendas, que imagínese... Y mientras tanto, la gente no recibió nada. ¿Qué nos dio a los jujeños? ¿Qué podríamos haber hecho? Mientras tanto, sabemos la situación dolorosísima de los salarios de los sectores indispensables de los cuales el Estado debe velar: salud, los salarios de los médicos, educación... todo precarizado", concluyó la dirigente del MPJ.

Trazabilidad de los decretos y el respaldo documental

El esquema financiero planteado por la oposición y analistas locales encuentra sustento en las diversas publicaciones del Boletín Oficial de la Provincia de Jujuy a lo largo de los últimos ejercicios fiscales:

  • Endeudamiento por USD 77 Millones: Enmarcado en las facultades otorgadas por la Ley de Presupuesto Nº 6.214 y sus modificaciones, autorizando la toma de crédito público con garantía de coparticipación para el desarrollo de la infraestructura agroindustrial de la empresa.
  • Capitalización Inicial (2018): Decretos reglamentarios derivados de la Ley Nº 6.012 de creación de CANNAVA S.E., con desembolsos iniciales para obras de acondicionamiento en la Finca El Pongo equivalentes a USD 10 millones.
  • Desembolsos Operativos (2020-2024): Decretos de la Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Hacienda que transfirieron partidas sucesivas clasificadas contablemente como "Inversión Financiera - Aportes de Capital", alcanzando un acumulado en fondos públicos directos de USD 22,9 millones.

El debate continúa abierto en la sociedad jujeña: mientras desde el Ejecutivo provincial se defiende el proyecto como un avance tecnológico y agroindustrial a largo plazo, la oposición y los vecinos exigen un cambio radical de prioridades que ponga el foco en el acceso a la vivienda digna, la recomposición salarial y la plena transparencia en el uso de los fondos públicos.

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