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7 conclusiones de la sanción al transporte

Con el sello del gobernador Morales, el sindicato y las empresas de transporte en Jujuy recibieron una dura sanción por protagonizar el paro más largo de la historia, medida que van a discutir legalmente, mientras el conflicto de fondo por la falta de dinero sigue vigente.

El paro más largo de la historia finalmente tuvo su primera derivación fuerte. 

Luego de la reunión de gabinete encabezada este lunes por el gobernador Gerardo Morales – quien regresó luego de 21 días fuera de la provincia – se conoció una dura sanción, aplicada por el ministerio de trabajo, con la que se multa por más de 8 millones de pesos al sindicato de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y por alrededor de 700 mil pesos a las empresas de transporte. 

La sanción va a ser discutida legalmente por el sindicato. Las empresas, por su parte, hasta el momento no se han expresado. Durante los días de conflicto e incluso antes, solicitaban reunirse con el gobernador Morales para plantear los desajustes económicos que, según ellos, sufre el sector luego del recorte de subsidios que ejecutó el gobierno nacional. 

La decisión sin precedentes deja varias lecturas, cada una relacionada con la otra, que podrían enumerarse para una cabal comprensión del contexto. 

1. La decisión se tomó recién con el regreso de Morales. 
Pasaron 10 días hasta que se conoció una medida, a pesar de que se trató de un conflicto grave. 
2. Queda expuesta cierta indolencia en los funcionarios: nadie toma decisiones en ausencia del gobernador. 
¿Incapacidad, temor o censura? El transporte tiene tres actores visibles: el sindicato, las empresas y el poder concedente, es decir los funcionarios del área de transporte. La actuación de estos últimos, por el momento, no fue revisada. 
3. Por cómo se hizo, puede interpretarse como un acto de demagogia. 
En condiciones normales, las carteras de trabajo y transporte podrían haber accionado legalmente en tiempo y forma, siguiendo pasos normales previstos para la resolución de este tipo de conflictos. Que se trate de una decisión impulsada por el mandatario provincial tiene un sesgo político: Morales busca identificarse como el defensor de los derechos de los usuarios, la mayoría, y no de todos los actores del conflicto. Los choferes también realizaron un reclamo legítimo. 
4. El conflicto es consecuencia de un proceso de 9 meses en los que no fue atendido. 
El recorte de subsidios por parte del gobierno nacional se conoce desde noviembre. La provincia lo sabía, y la decisión tuvo que ver con un incremento de la coparticipación. El gobierno local recibe más recursos, por eso le piden que se haga cargo del transporte. 
5. Es una demostración de poder del gobernador. 
Si bien la sanción está prevista por las normas vigentes, sin legitimidad Morales no podría adoptarla. Lo mismo ocurre con los empleados públicos, a los que a partir de la nueva gestión se les descuentan los días de paro. 
6. La sanción es discutible desde lo legal, pero hace falta autoridad. 
El sindicato y posiblemente las empresas discutirán la decisión con tecnicismos legales, pero es evidente la necesidad de un manejo político que evite que los conflictos deriven en situaciones extremas, como se vio. 
7. La situación no se ha regularizado. 
Mientras tanto, los problemas de fondo siguen con la misma vigencia que en el momento en el que se desató el paro. Los empresarios aseguran que tienen problemas económicos. Sostienen que la tarifa que permitiría que el transporte sea un buen negocio equivale a un dólar, es decir 43 pesos con el cambio actual. Como los usuarios no pagan eso, piden que el estado lo haga. Allí radica el origen del conflicto. 

 

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