El oscuro manejo de los planes sociales en Jujuy
Mientras dirigentes barriales y sindicalistas denuncian que la entrega de planes sociales por parte del gobierno se ha incrementado con fines electorales, la oficina que los maneja permanece inaccesible ante la consulta del periodismo y no publica información. Otra caso de que contradice el discurso de transparencia que pregona el gobernador Morales.
La frase resuena en los barrios, en las marchas sindicales, en los actos políticos de la oposición, entre otros sitios donde se cuece la política local.
El gobierno de la provincia se ha otorgado las herramientas para manejar la ayuda social en la provincia prácticamente sin controles, eliminando barreras burocráticas y la obligación de rendir cuentas e informar cómo gasta los recursos públicos destinados a atender situaciones urgentes.
El artículo 2 del decreto 7539 firmado por el gobernador Gerardo Morales y aprobado por el oficialismo en la Legislatura – con críticas de la oposición – deja sin efecto los topes para las compras que establece el reglamento de contrataciones del estado, que cuando se trata de montos importantes exige llamados a licitación y mecanismos de transparencia.
Lo misma autorización rige para realizar contrataciones en el estado.
Tanta libertad quizás sea la razón por la que la Unidad Coordinadora y Ejecutora de Planes y Programas Interministeriales (UCEPPI), oficina encargada del manejo de la ayuda social que liberó el plan de contingencia, prácticamente no brinda información.
La única información conocida respecto del manejo de los planes sociales en Jujuy está relacionada con su cantidad.
Según reconoció en declaraciones públicas el gobernador Gerardo Morales, en la provincia hay aproximadamente 110 mil beneficiarios de planes sociales.
En diciembre de 2018 se llevó adelante una campaña para reempadronar a todas las personas que recibían el beneficio, con el objetivo de “pasar en limpio” la información y eliminar vicios y posibles desvíos de la política a partir del uso clientelar.
Nunca se supo, sin embargo, cuál fue el resultado de ese reempadronamiento.
En los sitios oficiales sólo pueden encontrarse partes de prensa con tinte propagandístico que difunden la actividad de los funcionarios.
Pero no se halla información precisa respecto de los volúmenes de ayuda social que se manejan en la provincia, si es que hubo variación desde que asumió la nueva gestión en 2015, ni cuáles son los montos que reciben los beneficiarios.
Extraoficialmente se afirma que la remuneración asciende a 6 mil pesos.
Ni siquiera se publican los requisitos para acceder a este beneficio, en definitiva, sustentado con fondos públicos.
Los dirigentes de barrio suelen quejarse de la forma en la que se intenta cooptar a la gente. “Cuando queremos hablar de proyectos nos dicen que tal puntero radical consigue planes”, protestan.
El gobernador se muestra sin tapujos en la entrega de colchones, chapas y elementos de primera necesidad, pese a los reparos éticos que incluso hacia adentro del radicalismo reconocen.
El manejo de la ayuda social se convierte así en otro dato objetivo de la realidad que derriba el slogan de la transparencia, la rendición de cuentas y el gobierno abierto, que pregonó el líder del radicalismo en Jujuy para diferenciarse de sus antecesores peronistas, pero que repite sin solución de continuidad.