Jujuy | Yala |

Los árboles talados servirán de prueba para futuras acciones penales

Por estas horas, Fiscalía de Estado analiza la documentación proporcionada por el Ministerio de Ambiente en relación al escándalo por la tala de árboles en la reserva natural de Yala. se busca determinar la responsabilidad de todos los involucrados y qué tipo de acciones judiciales se llevarán adelante.

Según informó el fiscal de Estado, Mariano Miranda,  la oficina a su cargo ya tomó intervención en el caso de la tala de árboles en el parque Potrero de Yala, por el cual ya renunció el secretario de Biodiversidad de la provincia Lucio Giménez.

En ese sentido, explicó que el Ministerio de Ambiente ha girado copas certificadas de las actuaciones a Fiscalía de Estado y que, inmediatamente después, se asignó a un procurador para el estudio y análisis de la documentación y todos los antecedentes que existen en el expediente para seguir adelante con los pasos procesales que correspondan.

"Según el informe del Ministerio de Ambiente, los árboles que fueron talados se encuentran en un aserradero privado. En representación de los intereses del Estado urge tratar de recuperar esa madera que sería un elemento de prueba fundamental en el proceso que se pueda llevar adelante sea civil o penal", explicó el funcionario.

No obstante eso, aclaró que,  de ser necesario, tanto Fiscalía de Estado como el Ministerio de Ambiente podrán proceder penalmente independientemente de lo que haga un área u otra.

"Quedará en manos de la justicia ordenar o disponer algunas medidas probatorias para ver si hay incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad entre otras figuras de tipo penal", afirmó.

Por otra parte, Miranda explicó que se investiga que participación tuvo cada uno de los involucrados en esta irregularidad: Un secretario que ya ha renunciado, un director, un ingeniero y dos empleados mas.

En relación a esto último, explicó que la titular de la cartera de Ambiente está facultada para iniciar un sumario administrativo y suspender preventivamente por un máximo de 60 días.
 

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