Escandalosa pelea por tierras entre un diputado y una familia
La finca está en posesión de la familia Canchi desde hace 70 años. El diputado nacional José Luis Martiarena afirma ser el dueño pero la justicia rechazó su reclamo en tres oportunidades. Un llamativo operativo policial intentó, sin éxito, desalojar el predio.
Un episodio con ribetes escandalosos involucra al diputado nacional José Luis Martiarena y una familia de la localidad de Yala.
El legislador, ex intendente de San Salvador de Jujuy perteneciente al peronismo, reclama la posesión de una finca situada en la zona conocida como Los Nogales, de gran atractivo turístico por la belleza natural que la rodea.
Sin embargo, según consta en distintos expedientes judiciales, la parcela en cuestión se encuentra en posesión de Teresa Canchi y su familia, desde hace al menos medio siglo. Habría sido ocupado por su padre, Serafín Canchi, en 1946.
El primer fallo adverso para Martiarena fue emitido el 4 de diciembre de 2014 por el juzgado de primera instancia Civil y Comercial de la provincia de Jujuy.
Allí, los jueces dieron por acreditada la tenencia de la finca a la señora Canchi, reconocieron la validez del pedido de prescripción adquisitiva - trámite que inician las personas cuando tienen la posesión de un inmueble por más de 20 años – iniciado por ella, y rechazaron la demanda del legislador.
Tal decisión fue confirmada por la Cámara de Apelaciones el 29 de junio de 2015 y por el Superior Tribunal de Justicia el 7 de noviembre de 2016.
Sorpresivamente, un operativo policial con gran despliegue se hizo presente en la finca días atrás, con el objetivo de desalojar el predio en disputa.
Aunque ni el dirigente ni la justicia hizo públicos los fundamentos de la medida, la orden habría sido indicada a la fuerza pública por el juez de control Isidoro Cruz.
El desalojo finalmente no se produjo.
Martiarena se expresó desde sus redes sociales.
Primero denunció que el nieto de Teresa Canchi (sic) había intentado asesinarlo al dispararle con un arma de fuego.
Luego reivindicó la propiedad de la finca exhibiendo tres fotos con fragmentos de un expediente en el que supuestamente otras personas con su mismo apellido le habrían transferido las tierras en el año 2005.
Allí, además, atacó a los medios de comunicación que cubrieron el polémico intento de desalojo.