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Organismos demandarán al "responsable político" de la violencia institucional en Jujuy

Quienes impulsan la recolección de denuncias de violaciones a los derechos humanos siguen accionando contra el gobierno y la Constitución de Jujuy.

  • Mariana Katz, del Servicio de Paz y Justicia, comentó el decreto presidencial que crea una “comisión de recepción y análisis de denuncias sobre violencia institucional en Jujuy”.
  • Sostuvo que luego de la recolección de datos, si se comprueba, podrían demandar penalmente “al responsable político” del hostigamiento en nuestra provincia por “violación de derechos humanos”.

La letrada del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), Mariana Katz, comentó el decreto presidencial que crea una “comisión de recepción y análisis de denuncias sobre violencia institucional en la provincia de Jujuy” considerando que el mismo “significa tomar testimonios sobre la violencia institucional, y una vez recopilados, emitir un acto administrativo de parte del Ejecutivo nacional dando cuenta de la situación de opresión y hostigamiento que vive la sociedad jujeña, haciéndole saber esta situación a la Corte Suprema. Los procesos judiciales se dieron en este contexto de violencia institucional, o parte de ello, producto de esta reforma constitucional (que) generó esta consecuencia. Asimismo, hacerle saber al Congreso de la nación para que tome algún tipo de medida, y a su vez, que las propias personas, incluso las comunidades que presentaron reclamos internacionales, puedan utilizar esa documentación para la defensa de sus derechos”.

“Hay que tener en cuenta (que) nuestro país es un sistema federal; el problema, como lo dice Adolfo Pérez Esquivel (es que) las provincias creen cada vez más que la autonomía provincial genera que no forman parte de la República Argentina, y por lo tanto crean normas y sistemas jurídicos que tienden a separarse de Argentina. Por lo tanto creen que no habrá consecuencias. Por ello el tema es concreto: ante una violación de derechos humanos la respuesta para la víctima la tiene que dar el Estado nacional, no se la da el Estado provincial”.

Violencia institucional en Jujuy: el informe será enviado a la Corte Suprema

“Las Constituciones en general tienen principios en distintos temas, y para reglamentarse, enraizar en la cultura jurídica, se hace a través de leyes reglamentarias. Esto es lo que quiere hacer el Presidente. Esta Comisión no impedirá esta cuestión; no obstante ello, las comunidades están gestionando pedir a la Corte Suprema que intervenga en esto porque tiene que resolver la medida cautelar que solicitó el Estado nacional, para que se disponga cautelarmente una acción de no innovar a los fines de “parar la pelota”, en el sentido de suspender la vigencia de la Constitución hasta tanto se resuelva si es válida legalmente o no”.

“Una vez obtenida la documentación, la comisión tiene que hacer recomendaciones de políticas públicas para el Estado nacional, porque hay una violación sistemática de los derechos humanos. En función de ello, el Estado nacional, y en función de sus funciones internacionales en materia de derechos humanos, tiene que llevar adelante las recomendaciones que emita esta comisión. El Estado argentino tiene que hacer política pública, por ejemplo, algún programa de reparación a las violaciones sufridas. Primero, el reconocimiento de violaciones a los derechos humanos; en segunda instancia, las reparaciones a las mismas. Y luego iniciará procesos judiciales en función de las evaluaciones y recomendaciones que dicten los expertos independientes que formarán parte de la comisión”.

(Podría haber una) demanda penal al responsable político, como ocurrió con los delitos de lesa humanidad a la dictadura cívico militar. Sería un proceso similar. Si bien de la CONADEP no participó ningún funcionario del Estado, esta comisión (actúa) ante reclamos internacionales, porque el Estado argentino recibió dos comunicaciones de los dos organismos internacionales importantes en el mundo del ámbito regional: la OEA, a través de la comisión interamericana, y una comunicación dirigida al gobernador del representante del alto comisionado de las Naciones Unidas con trámites ante los órganos de Naciones Unidas, que son distintos organismos que intervienen en denuncias que realizaron referentes de comunidades indígenas y organizaciones sociales jujeñas apoyadas por CELS, ANDHES y Amnistía Internacional, y a su vez, presentaciones ante la Comisión Interamericana apoyados por nosotros. El Estado argentino tiene que dar respuestas en función a su responsabilidad internacional y para quienes cometieron delitos, hay que analizar si se incluyen dentro de los delitos de lesa humanidad o genocidio, porque parte del accionar está dirigido a determinada parte de la población con una determinada intención. Además, porque esa población tiene determinada forma de pensar. Hay que analizar jurídicamente todas estas circunstancias en función de lo que se recolecte en esta comisión”.

“La idea es relevar todos los casos y poder determinar si hubo un plan sistemático o no”.

“Hay organismos internacionales que reclamaron al Estado nacional que en Jujuy se violan derechos humanos; las autonomías no son absolutas y este es un problema que tenemos en todo el país, porque los gobernadores creen que porque lo son lo único que corresponde al Estado nacional es repartir la plata de la coparticipación, y esto no es así. Los ciudadanos jujeños, catamarqueños y santacruceños tienen los mismos derechos que los porteños”.

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