Lo que comenzó como un rumor de pasillo hoy toma forma institucional a través de un durísimo pedido de informes presentado por el diputado Federico Canedi, del bloque de La Libertad Avanza, quien ha puesto la lupa sobre una serie de expedientes administrativos que involucran erogaciones millonarias realizadas durante el año 2023.
Política |
Vialidad Provincial, otro agujero negro de la corrupción oficial
La Dirección de Vialidad Provincial se ha convertido en el escenario de un verdadero escándalo de proporciones históricas, un agujero negro de carácter administrativo, financiero y logístico que la gestión radical ya no puede seguir ocultando bajo la alfombra del relato oficialista.
No estamos hablando de simples errores contables o desprolijidades de oficina; estamos hablando de inconsistencias financieras que se miden en millones y que configuran un panorama alarmante, destacándose, entre tantas irregularidades, la facturación sospechosa de combustibles por un monto que supera los 60 millones de pesos, una cifra colosal que nadie en el gobierno atina a explicar con un mínimo de coherencia.
Pero la historia no termina ahí, porque detrás de los números lo que se esconde es un modus operandi de desguace, caracterizado por la constante tercerización de servicios que vacía de contenido las funciones del Estado, y esto conecta directamente con la escandalosa gestión de los activos más estratégicos de Vialidad Provincial.
El caso más obsceno y emblemático de esta descapitalización es el de la planta asfáltica de la provincia, una maquinaria de última generación adquirida en el año 2019 con un costo inicial de unos 200 millones de pesos, pero cuyo valor real de reposición para un equipo nuevo se estimaba en ese entonces entre 1,2 y 2 millones de dólares; una inversión monumental pensada para durar en el tiempo.
Sin embargo, en una decisión que desafía cualquier lógica económica y técnica, las autoridades decidieron en el año 2025 someterla a un remate público con tan solo seis años de antigüedad, despreciando por completo que este tipo de plantas cuenta con una vida útil comprobada de aproximadamente veinte años de plena actividad.
A partir de esa decisión insólita, el gobierno provincial aplicó un apagón informativo absoluto, un manto de sospecha y oscuridad total sobre la operación, ya que nunca se dio a conocer una tasación oficial, nunca se hizo público el precio definitivo de la venta, ni apareció el acta de remate, manteniendo en el más estricto secreto tanto la identidad de los oferentes como el nombre del comprador final.
La impunidad con la que se mueven es tan grande que al día de hoy no se encuentra disponible la resolución de adjudicación, no existe un contrato de venta formal a la vista, ni un solo comprobante de cobro que certifique el ingreso del dinero a las arcas del Estado, al punto de que ni siquiera hay información fehaciente sobre si el remate efectivamente se concretó en la práctica o si la subasta debió ser declarada desierta por falta de interesados.
Mientras tanto, el gobierno provincial se llama a un silencio cómplice y se niega a responder las preguntas más elementales que se hace cualquier ciudadano honesto, ocultando las razones reales que motivaron la venta prematura de una planta con apenas un tercio de su vida útil cumplida y escondiendo la supuesta evaluación técnica y económica que justificó semejante liquidación.
Cualquier administración medianamente responsable y apegada a las normas de transparencia habría realizado, por puro sentido común y obligación legal, un exhaustivo análisis de alternativas y de costo-beneficio antes de disponer de forma tan ligera de un bien de semejante envergadura, pero ese estudio simplemente no existe.
En este contexto de despojo, el Ejecutivo jamás ofreció un diagnóstico serio sobre el tremendo impacto negativo que la entrega de esta maquinaria estratégica generaría sobre la capacidad vial propia de la provincia, cuyas consecuencias hoy las sufren los vecinos en carne propia.
En el olvido y la desidia quedaron los históricos convenios con los diferentes municipios para reparar las calles rotas y mantener los caminos rurales transitables para la producción, y en el olvido absoluto quedaron también aquellas pomposas promesas de campaña de Gerardo Morales, quien se cansó de repetir que bajo su mando se pavimentarían más de 500 cuadras en toda la región.
Hoy, desvanecido el relato y vaciadas las delegaciones, lo único que queda flotando en el aire es la amarga y peligrosa sensación de impunidad de un gobierno que ha transformado la esencia de la democracia representativa en una preocupante democracia patrimonial, una distorsión institucional severa donde los funcionarios de turno se sienten habilitados ilegalmente para administrar la cosa pública y los recursos de todos los ciudadanos como si fueran un bien particular, un patrimonio privado del cual pueden disponer a su antojo y a espaldas del pueblo, configurando una realidad lamentable que merece el repudio y la exigencia inmediata de rendición de cuentas.