Legislatura: la nueva inmobiliaria del gobierno

Vecinos e integrantes de comunidades aborígenes de la zona se opusieron a esta modificación argumentando que traerá inconvenientes y contaminación.

Luego de la sesión, la legisladora Natalia Guevara dijo que “para no sumar gastos, el gobierno se hará cargo de todo. Hay algunas familias, un sector minoritario que realmente lucha por sus propios intereses y no el crecimiento de las familias que están ahí”.

Por otro lado, comentó que en febrero se llamó a licitación de venta de 10 lotes, no se presentaron oferentes por el papeleo, y la legisladora consideró que “hay personas que no querían hacerlo porque es engorroso”.

Cuando le solicitamos detalles de la modificación del artículo 17, Guevara contestó: “se elimina el fideicomiso ya que genera muchos gastos de las personas que puedan, los que tienen concesión, alquiler, esa plata, se lleva mucha plata, lo que gasta el Estado…la plata que ingresa no se puede ser bien utilizada para lo que realmente importa, en este caso infraestructura”.

reclamo comunidades.jpeg

El ente controlador de procesos como alquiler o arrendamiento será el Tribunal de Cuentas, el Estado provincial será el administrador, recaudador e inversor en infraestructura para ésta y cualquier otra zona de la provincia, y la encargada de venta de terrenos será la Agencia de Desarrollo Sostenible de los diques.

Para Guevara, se busca reducir costos porque tienen “un 10% más IVA de gastos en entrada y salida de plata, cuando ingresa una venta, con alquileres y concesiones. Tenemos más egresos que ingresos”.

Aseguró que están trabajando en la venta de lotes porque hay muchas personas interesadas en comprar, aunque hay un litigio judicial no resuelto aun.

- “Los residentes de perilagos recurrieron a la Justicia asegurando que son los naturales dueños y hacían referencia a la contaminación ambiental que esto generará”.

- “No vemos que el emprendimiento, el desarrollo que se encuentra en la zona, pueda crear alguna contaminación. Esperemos que se expida la Justicia. Se hizo una audiencia pública, se trabajó en impacto ambiental, y eso habilita que se pueda seguir trabajando.

Para la legisladora, la zona que reclaman estas comunidades no es un área protegida, y “lo que militan ellos es en contra del desarrollo de la zona, de las familias que realmente tienen ganas de progresar”.