Está en juego el futuro de la Universidad Pública como pilar del desarrollo nacional

La ley vetada tenía como objetivo ajustar las partidas educativas en función de la inflación, asegurando que el financiamiento para las universidades no quedara rezagado frente al aumento de precios. Gelpi, al criticar el veto, lo hizo desde un lugar de urgencia: "Respeto la opinión del Presidente pero no la comparto en absoluto: creo que se está desfinanciando al sector público de la educación y lo vamos a pagar caro. Con el veto de esta ley se está hipotecando el futuro del país, de la gente joven, que es lo más importante”. Es difícil exagerar las consecuencias que tendría la desinversión en el sistema educativo, especialmente en un país donde la universidad pública ha sido, desde hace décadas, el motor de la movilidad social y el lugar donde las nuevas generaciones han encontrado una vía para su progreso personal y colectivo.

A lo largo de la historia argentina, la universidad pública ha sido un espacio de oportunidades y transformación social. Las universidades nacionales, con la UBA a la cabeza, han logrado democratizar el acceso a la educación superior, permitiendo que estudiantes de distintos contextos económicos y sociales pudieran acceder a una formación de calidad. El impacto de esta apertura es innegable: gran parte de la clase media argentina ha encontrado en la educación pública la posibilidad de mejorar su situación económica y social. Este logro no es trivial. Como sostiene Gelpi, la educación pública "ha sido un pilar de la famosa movilidad social" y "lo que le permitía a la gente crecer y avanzar". Desfinanciar este espacio no es solo un error político; es un atentado contra las bases mismas del progreso social.

Lo que está en juego, entonces, no es solo una discusión técnica sobre el presupuesto. Es el futuro de miles de jóvenes que ven en la universidad pública la posibilidad de salir adelante en un país donde los índices de pobreza e indigencia son alarmantes. Es el futuro de una sociedad que ha hecho suya la idea de que la educación pública es un derecho, no un privilegio.

Es el futuro de una nación que, sin inversión en educación, está condenada a quedarse atrás en un mundo cada vez más competitivo y globalizado. Los países que han logrado desarrollarse y mantenerse competitivos en el escenario internacional son aquellos que han apostado por la educación como una inversión de largo plazo, no como un gasto prescindible.

Como señaló Gelpi, “es un error hablar del gasto en la educación pública” como si fuera “plata tirada”. Y tiene razón: lejos de ser un gasto, la inversión en educación es la base sobre la cual se construye el progreso de una nación.

La sociedad argentina ha reconocido esto desde hace tiempo. La universidad pública no es solo un espacio académico donde se forman profesionales. Es un bien colectivo, un espacio que la sociedad ha defendido y sigue defendiendo como propio. Las manifestaciones y marchas en defensa del financiamiento universitario no son simplemente actos gremiales; son la expresión de una conciencia social que entiende que sin educación no hay futuro.

El 2 de octubre, la Marcha Federal Universitaria convocada por docentes, estudiantes y no docentes de todo el país será un testimonio de esta convicción.

Las universidades no pueden funcionar sin los recursos necesarios para pagar salarios dignos, para financiar investigaciones que pongan a Argentina en la vanguardia del conocimiento, o para asegurar que miles de estudiantes puedan formarse adecuadamente. Como lo ha señalado Gelpi, “esto no es político”, es un hecho concreto: sin recursos, las universidades colapsan.

El gobierno, por su parte, ha intentado defender su postura. Desde el Poder Ejecutivo se ha argumentado que el veto se justifica por la falta de una fuente de financiamiento clara en la ley aprobada por el Congreso. Pero esta explicación técnica no resuelve el problema de fondo. Las universidades no pueden depender de una lógica meramente economicista.

Como lo señaló el secretario de Educación, Carlos Torrendell, las universidades deberían ser autónomas, capaces de generar sus propios recursos y no estar supeditadas año tras año a las negociaciones presupuestarias con el Poder Ejecutivo y el Congreso.

Sin embargo, la realidad actual dista mucho de ese ideal. Las universidades públicas en Argentina dependen, en gran medida, del financiamiento estatal para poder funcionar, y cualquier recorte en este sentido implica un golpe devastador para su capacidad operativa.

En este contexto, la posibilidad de transferir la administración de las universidades a las provincias ha sido mencionada como una "idea incipiente" en el Ejecutivo, aunque sin avances inmediatos. Este planteo abre otra línea de debate: ¿es viable descentralizar las universidades en un país con enormes desigualdades entre provincias?

El financiamiento universitario no puede ser tratado de manera liviana. Las diferencias de recursos y capacidades entre las jurisdicciones podrían generar un sistema universitario profundamente desigual, donde las universidades de las provincias más ricas prosperen mientras que las de las provincias más pobres languidezcan.

La sociedad argentina ha tomado conciencia de que la universidad pública es un patrimonio común, y no está dispuesta a renunciar a ella. La movilización del 2 de octubre será una clara muestra de esto. Los estudiantes, los docentes, los investigadores, y la comunidad en su conjunto entienden que la educación pública es la clave para el desarrollo del país. En tiempos de crisis, es precisamente cuando más se necesita de la educación como motor de cambio. Apostar por la educación pública es apostar por el futuro, por una Argentina más justa, más equitativa y más desarrollada.

Desfinanciar las universidades, en cambio, es condenar a las futuras generaciones a un país sin oportunidades, sin movilidad social y sin esperanza.