Según Among, "la ley fue adoptada en un tiempo récord". Si bien la exactitud de las penas se desconoce hasta el momento, el texto inicial, modificado luego por los diputados, preveía penas de hasta 10 años para toda persona que realizara actos considerados homosexuales o se reivindicara como parte de la comunidad LGBT+, en un país donde la homosexualidad ya es ilegal.
La presidenta de la Cámara se refirió puntualmente a la eliminación de derechos con el objetivo de "proteger" a la nación: “Esta Cámara no dudará en restringir cualquier derecho en la medida en que reconozca, proteja y salvaguarde la soberanía de este país y su moral”.
La ley deberá ser sancionada finalmente por el presidente Yoweri Museveni, quien puede promulgarla o imponer su veto en caso de no estar de acuerdo con lo sancionado por los diputados.
La aprobación se da en un contexto de plena homofobia en África Oriental, donde la homosexualidad es ilegal y con frecuencia, considerada como un crimen.
El panorama para el futuro parece complicado: el presidente, desde el poder en 1986, calificó la semana pasada a las personas homosexuales de "desviadas". Pocos días después la policía ugandesa detuvo a seis personas por "práctica homosexual".
Uganda se caracteriza por su estricta legislación anti-homosexualidad, debido a que heredó las leyes coloniales británicas. Sin embargo, desde su independencia en 1962 no se registraron condenas por prácticas sexuales entre personas del mismo género.
En 2014, la justicia de Uganda bloqueó una ley que buscaba la implementación de cadena perpetua para las relaciones homosexuales.
FUENTE: Ámbito