Sin ánimo de generalizar y como pasa en todo trabajo, hay quienes obran de manera intachable con cualidades pulcras, en paralelo existe personal cuyo accionar dejará lugar a todo tipo de suspicacias. En el caso del Tribunal de Cuentas con dineros públicos de por medio, no debería existir lugar para este segundo grupo, aunque la historia reciente puede que muestre otra versión.
Nuevamente la administración del Ministerio de Salud jujeño vuelve a quedar en la mira luego de que se difundiera la polémica aprobación parcial del ejercicio 2017, donde solo el 50% fue auditado y las numerosas irregularidades detectadas nunca fueron subsanadas por los responsables.
“En 2017 sobre un monto aproximadamente de 1200 millones, la rendición que hizo la Dirección General de Administración del Ministerio no recibió una auditoría como corresponde, fue más bien un muestreo. Se toma aproximadamente el 50% de los cuales 500 millones recibieron observaciones” explica el abogado Silvio Cazón en Radio 2.
A las palabras del letrado se les une la resolución de la Sala II del Tribunal, cuya conclusión cae derrotada frente al sentido común ¿Cómo es posible que se apruebe una rendición donde el 83% de los fondos involucrados brilla por sus irregularidades?
ARTÍCULO 1°: Aprobar parcialmente la Rendición de Cuentas Anual presentada por los responsables de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DEL MINISTERIO DE SALUD, correspondiente al EJERCICIO 2017, quedando exceptuados los conceptos que se observan en el artículo siguiente.
“El Tribunal de Cuentas es un organismo constitucional de contralor, netamente administrativo independiente con facultades jurisdiccionales. Lamentablemente un actuar donde funcionario, no todos, están desnaturalizados sobre todo en el aspecto de controlar” agregó el abogado.
Lo aprueban mirando para otro lado. Si de un muestro de 600 millones se observan 500, creo que con mayor razón deberían haber auditado todo.
A pesar de las intimaciones realizadas para que los responsables subsanen dichas observaciones, los plazos habrían culminado largo tiempo atrás y está situación para Cazón implica “la evidente inacción y omisión por parte del fiscal Sadir”.