Política

"Travesía Urbana" o ¿travesura urbana? El proyecto volvió a comisión

El regreso del proyecto “Travesía Urbana” a comisión, luego de la sesión en la Legislatura jujeña, deja al descubierto una vez más cómo los intereses políticos, las internas partidarias y las disputas por espacios de poder terminan condicionando decisiones que deberían estar orientadas exclusivamente al beneficio de los jujeños.

Lo ocurrido no puede analizarse simplemente como una diferencia de criterios legislativos, porque detrás de la votación aparecen demasiadas especulaciones, intereses electorales y, fundamentalmente, interrogantes que todavía no tienen respuestas claras.

En primer lugar, es necesario decirlo: la Travesía Urbana puede ser una obra necesaria y representar una mejora importante para la infraestructura vial de Jujuy. Nadie debería desconocer la importancia de contar con mejores accesos, mayor seguridad y una circulación más ordenada; sin embargo, reconocer la necesidad de una obra no significa aceptar automáticamente cualquier presupuesto, cualquier costo ni cualquier mecanismo de financiamiento.

Una cosa es defender el progreso y otra muy distinta es pretender que, en nombre del progreso, la sociedad deba aceptar cifras millonarias sin explicaciones suficientes. Si existen cuestionamientos sobre posibles sobreprecios, lo razonable es que se presente toda la documentación, se revisen los valores y se determine cuánto cuesta realmente ejecutar el proyecto. El dinero público no pertenece a ningún gobierno ni a ningún sector político: pertenece a todos los jujeños y debe ser administrado con responsabilidad.

La negativa de La Libertad Avanza y de la Izquierda a acompañar el proyecto, bajo el argumento de la falta de información, merece ser considerada en ese contexto. La transparencia no puede ser interpretada como un obstáculo para la obra, sino como una condición indispensable para su aprobación. Si los números son correctos, no debería existir ninguna dificultad para explicarlos, justificarlos y someterlos al control correspondiente; y si los costos están inflados, la obligación de los legisladores es impedir que se comprometan recursos públicos por encima de lo que realmente corresponde. Lo que no puede suceder es que el debate quede reducido a una disputa entre quienes quieren aprobar rápidamente el crédito y quienes reclaman mayores precisiones.

Pero tampoco se puede ignorar que las internas políticas parecen haber tenido un peso determinante. Dentro del radicalismo, la disputa por la intendencia y los posicionamientos electorales habrían introducido otro componente en la discusión. La posibilidad de que la obra genere un rédito político para Adriano Morone, candidato vinculado al sector de Gerardo Morales, parece haber alimentado las diferencias respecto de quién capitalizará electoralmente su ejecución y quién terminará protagonizando el inevitable corte de cintas.