Política

100 millones de dólares no son un cheque en blanco

El aspecto más preocupante de esta operación es, precisamente, el impacto económico que puede tener para Jujuy asumir un endeudamiento de 100 millones de dólares en una provincia cuya estructura económica, capacidad de generación de recursos propios y posibilidades de repago obligan a actuar con extrema prudencia.

100 millones de dólares no son un cheque en blanco

No estamos hablando de una cifra menor ni de un compromiso financiero que pueda resolverse simplemente con una decisión política o una votación legislativa; estamos hablando de una deuda que, independientemente de quién gobierne hoy o mañana, deberán afrontar los jujeños con recursos provenientes de sus impuestos y de los ingresos futuros del Estado provincial.

El problema se agrava porque se trata de un crédito en moneda extranjera, lo que introduce un factor de vulnerabilidad adicional: si los ingresos de la provincia se generan mayoritariamente en pesos, cualquier salto del tipo de cambio puede incrementar considerablemente el peso de la deuda y encarecer tanto el capital como los intereses que deban pagarse. En otras palabras, mientras la obligación está denominada en dólares, la capacidad cotidiana de recaudación y financiamiento provincial depende de una economía que no garantiza una evolución equivalente de sus ingresos. Esto significa que una devaluación, una caída de la recaudación o una reducción de las transferencias nacionales podrían transformar un compromiso financiero inicialmente presentado como manejable en una pesada carga para las cuentas públicas.

¿De dónde saldrán los dólares para pagar este crédito? ¿Qué porcentaje de los ingresos provinciales deberá destinarse a su cancelación? ¿Qué obras, servicios o programas tendrán que postergarse para cumplir con las obligaciones financieras? ¿Qué sucederá si los ingresos de Jujuy no acompañan el crecimiento de la deuda? Son preguntas que deberían responderse antes de levantar la mano en la Legislatura, no después de haber comprometido el futuro financiero de la provincia.

Cada dólar que deba destinarse al pago de intereses y amortizaciones será un dólar que no estará disponible para fortalecer los hospitales, mejorar las escuelas, mantener las rutas, atender las necesidades de los municipios o invertir en infraestructura básica. El endeudamiento también puede trasladar el problema a futuras administraciones, que recibirán una obligación ya contraída sin haber participado necesariamente de su negociación y deberán ajustar sus presupuestos para cumplir con los vencimientos; y hay otro elemento que no puede soslayarse: una obra pública puede ser necesaria, estratégica y beneficiosa para la comunidad, pero eso no significa que cualquier mecanismo de financiamiento sea conveniente ni que cualquier costo resulte justificable.

La “Travesía Urbana” debe ser evaluada por su necesidad, su impacto social, su presupuesto, sus mecanismos de contratación y la razonabilidad de sus costos. Si existen denuncias opositoras sobre posibles sobreprecios, corresponde que sean investigadas con documentación y controles independientes, porque una eventual irregularidad no solo significaría un perjuicio económico inmediato, sino también que los jujeños terminarían pagando durante años una deuda por una obra cuyo costo podría haber sido artificialmente inflado.

El verdadero riesgo es que la provincia termine atrapada en una doble carga: por un lado, una infraestructura cuyo costo deberá justificarse y controlarse; por otro, una obligación en dólares que puede crecer en términos de pesos mucho más rápido que los recursos disponibles para afrontarla. En una provincia con limitaciones estructurales para generar ingresos propios y con una importante dependencia de recursos provenientes de la Nación, comprometerse con un crédito de semejante magnitud exige una evaluación rigurosa de sostenibilidad fiscal.

No alcanza con argumentar que la obra generará desarrollo o que permitirá mejorar la circulación urbana; hay que demostrar con números cuánto costará realmente, cuánto se pagará por el financiamiento, durante cuántos años se extenderá la obligación y cuál será el impacto sobre el presupuesto provincial.

La responsabilidad política no consiste en conseguir los votos para aprobar un préstamo, sino en garantizar que ese préstamo pueda pagarse sin hipotecar las posibilidades de desarrollo de la sociedad. Por eso, si el acuerdo político entre el sector de Gerardo Morales y los legisladores que eventualmente acompañen el proyecto termina imponiéndose por encima de un debate serio sobre la conveniencia financiera de la operación, estaremos ante una señal muy preocupante para el futuro institucional y económico de Jujuy.

Los dirigentes no tienen derecho a tratar la capacidad de endeudamiento de la provincia como si fuera un patrimonio personal o una herramienta para sostener sus propios proyectos políticos. Los 100 millones de dólares no los pagarán Morales, Sadir ni los legisladores que eventualmente [aprueben/acompañen] el crédito: los pagará el conjunto de los jujeños, incluidos quienes todavía no tienen edad para votar y quienes deberán soportar las consecuencias de decisiones tomadas hoy.