Carlos Sadir negó las denuncias de censura, pese al audio previo de su vocero que lo contradice
Pese a que el mandatario aseguró que en su gestión “nunca” se pidió frenar una publicación y atribuyó el retiro de pauta a un “reacomodamiento presupuestario”, la grabación difundida del secretario de Comunicación demuestra exactamente lo contrario: el funcionario invocó al propio gobernador para exigir que se levantara una tapa sobre la interna radical. Repudio de opositores e incluso oficialistas, el antecedente de FOPEA y los estándares de Amnistía Internacional sobre censura previa.
Las recientes declaraciones del gobernador Carlos Sadir, quien negó de plano la existencia de presiones sobre la prensa en Jujuy, chocaron de frente con la grabación previa del secretario de Comunicación y vocero gubernamental, Alberto Siufi, cuya difusión desató un fuerte repudio político en la oposición e incluso dentro del propio oficialismo.
Consultado públicamente luego de que ya circulara el audio del conflicto con el semanario El Expreso de Jujuy, Sadir intentó desligar a su administración de cualquier injerencia editorial: “No hay censura para nada. En esta provincia no hay censura para nada”, afirmó. En el mismo sentido, sostuvo de manera categórica que "nunca en mi gobierno hemos pedido que alguien escriba algo distinto. Tienen la libertad de escribir lo que sea", y adjudicó el corte de la publicidad estatal al medio denunciante a un "reacomodamiento presupuestario de todo lo que son las pautas".
Sin embargo, el registro sonoro previo de Alberto Siufi, máximo responsable de la comunicación oficial y firmante de las órdenes de pauta pública, cuya concentración mayoritaria en cinco grupos de medios afines ya había sido cuestionada sin respuestas en conferencia de prensa, contradice punto por punto la versión posterior del mandatario. En esa grabación, el funcionario no solo pide frenar las notas sobre la interna del radicalismo provincial, sino que invoca expresamente la representación del gobernador para exigir que se retire la portada: "Te pido en mi nombre y en nombre del gobernador que bajes esa tapa", admitiendo además que desde el Ejecutivo venían "bloqueando todo" respecto de esa información.
Lejos de tratarse de una coincidencia administrativa, el llamado "reacomodamiento presupuestario" que dejó sin pauta al semanario ocurrió inmediatamente después de que el medio se negara a acatar el pedido del vocero para silenciar las tensiones internas del oficialismo.
Repudio de diputados opositores, concejales y voces del propio oficialismo
La contradicción entre la grabación viralizada y la desmentida posterior del gobernador, sumada al pronunciamiento del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), provocó cuestionamientos abiertos tanto en la oposición como en sectores de la propia alianza gobernante.
Desde el oficialismo, la diputada provincial Alejandra Mollón (integrante de un nuevo espacio dentro de la bancada) repudió sin rodeos el accionar del funcionario y cuestionó que haya involucrado al titular del Ejecutivo: "Son prácticas que no corresponden, que nos ponen en un lugar que no queremos estar y además poner en medio también la figura del gobernador, que me parece que es gravísimo y que no tiene nada que ver con las conversaciones que se estaban llevando a cabo. Así que desde mi lugar, desde mi banca, repudio totalmente el accionar del vocero del gobierno", afirmó, dejando abierta la discusión parlamentaria sobre una eventual interpelación.
En la oposición, el diputado provincial Juan Soler calificó el episodio como de "gravedad institucional inusitada" y señaló la existencia de un doble mecanismo de restricción: "Hay una censura directa por el apriete y una censura indirecta por la quita de pauta. Esto deja a trasluz cuál es la metodología del Gobierno: pagar con la plata de los jujeños para que los medios favorezcan a la gestión. Al que habla bien le dan, y al que dice algo que no les gusta se la quitan". Asimismo, remarcó la gravedad institucional de que Siufi invocara al gobernador y recordó la vigencia de los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional junto con la doctrina de la Corte Suprema en el fallo Editorial Río Negro.
En el ámbito municipal, los concejales capitalinos de La Libertad Avanza Roberto Díaz y Gustavo Martínez también rechazaron el proceder del Ejecutivo. Díaz tildó el hecho de "totalmente repudiable", mientras que Martínez advirtió que "ajusticiar a la prensa por medio de la pauta oficial es moneda corriente" en la provincia y reclamó que el secretario de Comunicación sea citado a dar explicaciones en la Legislatura.
Lo que ocurrió frente a los estándares de Amnistía Internacional sobre censura previa
El intento explícito de un funcionario público de frenar una tapa antes de su publicación, sumado al posterior retiro de pauta estatal como represalia, encuadra directamente en la figura de censura previa analizada por Amnistía Internacional Argentina en su documento “El ABC de la libertad de expresión”, sustentado en los artículos 14, 32, 43 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Al contrastar el episodio ocurrido en Jujuy con los parámetros jurídicos recopilados por el organismo internacional, surgen cuatro definiciones claves:
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Prohibición prácticamente absoluta: Amnistía Internacional define la censura previa como toda orden o intervención de un órgano oficial destinada a impedir o prohibir de forma anticipada la difusión de determinada información. Su prohibición en el sistema constitucional argentino e interamericano es prácticamente absoluta (con la única excepción del art. 13.4 de la Convención Americana para regular espectáculos públicos en protección de niños y adolescentes). Ni siquiera invocando el honor o la privacidad de autoridades gubernamentales puede pedirse u ordenarse frenar una publicación antes de que salga a la luz.
Doble vulneración de derechos: El informe subraya que cuando desde el Estado se intenta bloquear una información de interés público, como una crisis o interna dentro del partido gobernante, no solo se ataca el derecho individual del medio a informar, sino también el derecho colectivo de toda la sociedad a recibir esa información y ejercer el control ciudadano sobre sus gobernantes.
Responsabilidades ulteriores, nunca control previo: El marco constitucional e interamericano establece que la prensa publica sin condicionamientos anticipados y que, únicamente después de difundida la noticia, pueden activarse eventuales responsabilidades civiles o penales si existiera un delito o abuso.
Mecanismos indirectos de disciplinamiento: El documento advierte también que las restricciones arbitrarias no siempre adoptan la forma de una prohibición formal, sino que se ejecutan mediante represalias estatales, intimidaciones o estrategias de descalificación orientadas a castigar o minar la credibilidad de los medios críticos.
El segundo pronunciamiento de FOPEA durante la gestión de Sadir
La afirmación de Carlos Sadir de que "en esta provincia no hay censura para nada" choca además con el historial reciente registrado por FOPEA, que en lo que va de la actual gestión provincial ya emitió dos pronunciamientos por restricciones al trabajo periodístico en Jujuy.
Antes del reciente comunicado en repudio a las presiones y al retiro de pauta contra El Expreso de Jujuy, la entidad nacional había intervenido cuando desde la Secretaría de Prensa se prohibió el ingreso de trabajadores de Canal 2 a las conferencias oficiales. En aquella ocasión, FOPEA encuadró la medida como un caso de “restricciones al acceso a la información pública”.
En su descargo formal ante el foro periodístico, el propio Alberto Siufi había admitido la exclusión con expresiones que generaron amplio rechazo en el sector: “Tomamos la decisión de que no vengan porque no vienen a hacer periodismo, quieren joder nomás”, aunque luego debió dar marcha atrás en el mismo descargo al reconocer: “Pero de todas maneras, el lunes van a entrar. La verdad no hacen periodismo, están en otra cosa. Son las reglas de juego, las entiendo y no está bien no dejarlos entrar”.