La medida surge como respuesta al malestar generalizado de vecinos y comerciantes, quienes denuncian situaciones constantes de agresiones, hostigamiento y exigencias de dinero bajo amenaza.
La concejal Mónica Alaniz, autora de la iniciativa, detalló los ejes centrales de la propuesta legislativa y la necesidad de aplicar herramientas concretas de control.
Prohibición total y abordaje de la vulnerabilidad social
El proyecto establece la prohibición absoluta de ambas actividades en todo el ejido urbano, argumentando que no pueden tolerarse prácticas sin control que vulneran la tranquilidad pública.
Sin embargo, la edil remarcó que la normativa no se limita a una prohibición punitiva, sino que exige la intervención coordinada de organismos municipales y provinciales para atender los factores de fondo.
“El proyecto prohíbe totalmente ambas actividades porque vemos que en toda la ciudad hay personas que se adjudican esta actividad, que lo hacen de una manera agresiva, obligando a las personas a acceder a este servicio, y de no hacerlo reciben justamente agresión, insultos, intimidaciones”, explicó Alaniz.
Asimismo, la concejal reconoció que detrás de estas conductas confluyen problemáticas complejas de desarraigo, falta de domicilio fijo y consumos problemáticos de sustancias, por lo que se demanda un seguimiento social y familiar riguroso, con especial hincapié en la protección de menores de edad expuestos en la vía pública, como se ha registrado en esquinas céntricas realizando malabares o utilizando fuego.
Desde el bloque legislativo indicaron que ya se mantienen reuniones con autoridades de la Unidad Regional para coordinar criterios de actuación, reconociendo las dificultades operativas que impone la falta de domicilio de los infractores, pero insistiendo en que es momento de dejar de lado discursos vacíos y dotar a la policía y al municipio de marcos normativos firmes para ordenar el espacio público en Perico.
