Sube el boleto, pero el servicio no mejora
El jueves 23 de noviembre de 2017 los concejales capitalinos aprobaban una considerable suba del 24% sobre el valor del boleto de transporte público de pasajeros. Ya en ese momento las críticas ante el siempre polémico sistema de “participación ciudadana” estaban a la orden del día.
Casi un año después, el deja vú toma forma, solo que ahora el pedido de readecuación tarifaria llevaría muy por encima el valor: entre $16 a $18 basado en estimaciones del estudio de costos, un 40% (mínimo) de aumento.
Durante el lapso de recepción de ponencias, cada postura y cada actor ha encontrado una contraparte. Desde concejales conniventes con los empresarios del transporte, hasta ediles desconfiados sobre el fin de los aumentos; un gobierno municipal que prefiere no inmiscuirse en la polémica y organizaciones no gubernamentales que actúan de oficio.
En el medio del enfrentamiento ha quedado (como siempre) el usuario. Aquel que paga los platos rotos de su bolsillo y ha cargado con el peso de la inflación a lo largo del año. Quien obligadamente efectúa cuatro viajes al día, ya se toma la cabeza ante un gasto promedio de $1700 mensuales.
Durante 2018 los referentes del sector han afirmado la necesidad de un aumento ejemplar que funcione como paliativo de la inflación.
Los costos de los repuestos, el mantenimiento de las unidades y la irrefrenable suba del combustible han sido los puntos habituales del reclamo, por fuera de los aumentos de boleto previamente acordados con el ejecutivo municipal (en octubre el intendente Jorge autorizó la suba del 10%).
El presidente de la Cámara del Transporte, Oscar Inklemona daba cuenta de esta realidad, resaltando también la posibilidad de la quita de subsidios a provenientes de nación. Hecho que se refleja en algunas unidades con la leyenda ploteada “sin subsidios el boleto saldrá $40”.
A través de la audiencia ciudadana escrita, desde el Concejo Deliberante se aseguró que el procedimiento sería transparente y participativo.
Tal y como se expresó líneas arriba, en 2017 la medida no contemplo los reparos de las asociaciones protectores de consumidores, así como las ponencias de particulares. El corriente debate legislativo iría en la misma línea, solo 18 ponencias fueron presentadas, no precisamente por falta de interés, más bien por falta de hábito, resignación y comprensión del sistema.
Esto ha desencadenado presentaciones por parte de la ONG Usuarios y Consumidores Unidos (UCU), que al igual que los concejales de izquierda, descreen de la constitucionalidad del procedimiento online.
Considerando los antecedentes, el sacrificio económico que representan para los usuarios los habituales aumentos ¿Cuál ha sido el resarcimiento? ¿Las medidas son imparciales?
Legislación que no se estaría cumpliendo a rajatabla. De hecho los empresarios del transporte se han amparado en la imposibilidad económica de reemplazar los actuales vehículos.
Esta falencia, reconocida por el presidente del Concejo Deliberante capitalino ha sido un reclamo histórico de fundaciones como FENDIJ. Este año solo se ha informado la incorporación de 3 vehículos adaptados, en la empresa Santa Ana.
El caso de Gustavo Znoy ha resultado tan emblemático como preocupante. Usuario habitual del servicio de transporte urbano, una espera de tres horas por una unidad que le permita subir con su silla de ruedas casi termina en una protesta encadenado al edificio municipal.
Más de un año atrás, Mesa de Noticias (Canal 2) mostraba esta situación. Muy poco ha cambiado.