Toma de tierras en Jujuy: ¿por qué no avanzan los juicios de desalojo?
- En una semana, hubo intentos de usurpar tierras en varios sectores de la capital provincial.
- Mientras tanto, se prolongan los juicios de desalojo.
- Se solicitarán penas de hasta $340mil a personas que intenten, convoquen o publiquen avisos sobre usurpaciones.
El lunes 7 por la mañana, personal policial procedió al desalojo y detención de 30 personas que pretendían usurpar tierras de propiedad privada, ubicadas en las 150 Hectáreas de Alto Comedero.
Según se detalló, los presentes se habían convocado a través de las redes sociales. Uno de los dueños legales se presentó en el lugar de los hechos para constatar que su propiedad no sea tomada.
El saldo del operativo dejó 23 hombres y 7 mujeres, quienes con palas, picos y otras herramientas intentaron usurpar los terrenos. Todos fueron puestos a disposición del fiscal interviniente.
A consecuencia de esto, desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia se alertaron sobre la aplicación de severas medidas contravencionales de carácter económico que se adoptarán contra personas que intenten, convoquen, publiquen avisos de toma ilegal de tierras; con las actuaciones penales del caso.
En esta misma semana, y tras un aviso del 911, efectivos policiales evitaron que un grupo de personas usurparan terrenos en cercanías a las Termas de Reyes.
Un caso llamativo que data de 2009 y que hasta la fecha no encuentra solución es el de Campo Verde. Un ejemplo que desnuda la burocracia judicial y las largas esperas a las que se somete a los damnificados. Se trató de la toma de aproximadamente 180 hectáreas en Barrio Campo Verde y Campo Azul, tierras pertenecientes a familias jujeñas que hoy se ven obstaculizadas para poder recuperarlas. Se trata de aproximadamente 400 familias identificadas y con juicio de desalojo iniciados en 2009. La causa fue elevada a juicio.
Luego de unos años, se multiplicó la cantidad de familias en el lugar, algo que, a simple vista, se pierde en una mirada panorámica cuando se observan las construcciones en ese sector.
En mayo de 2015, más de 600 familias pertenecientes al Frente de Gremios Estatales, SEOM y ATSA, Movimiento Tupaj Katari y otras organizaciones, ocuparon un predio ocioso de aproximadamente 140 has ubicado en el barrio Campo Verde, propiedad de la familia Issa.
A pesar de tener orden de desalojo de la Cámara de Apelaciones penal por orden del ex ministro Matuk y el ex gobernador Fellner, el Fiscal General Sergio Lello Sánchez lo cajoneó.
Por las recientes tomas, se dio intervención a la Juez de Ambiente, Dra. María Laura Flores, quien dispuso medidas que no se cumplieron. El Estado provincial se presentó ante el Juez Calderón y suspendió el lanzamiento informando que, según el relevamiento de inteligencia, hay 4800 personas y 1536 lotes ocupados.
Pese a las órdenes de desalojo, juicios y demandas realizadas por los propietarios, la justicia sigue cajoneando una ilegal toma de tierra, dejando a fiscales, jueces y funcionarios en complicidad y sin salvaguardar la propiedad privada.
Si la ley es para todos y todos somos sujetos de derecho, ¿por qué la justicia jujeña no hace nada? ¿Quién devolverá la inversión y propiedades a las familias que hoy, con las escrituras en mano, intentan recuperar lo que es suyo? ¿Qué garantía dejan los actores de la justicia jujeña y funcionarios de turno para otros propietarios que, con esfuerzo, pagaron una propiedad y mañana les sea usurpada? ¿Imaginen que alguien tome el fondo de su casa, y no se quiera ir?