La provincia lleva tres meses recibiendo a organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, quienes velan por la seguridad e integridad física de los ciudadanos cuyo propio Estado provincial los desamparó. Incluso El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) expresó su preocupación, instó a profundizar las investigaciones ante posibles violaciones de DDHH y dirigiéndose al gobernador Morales, pidió “evitar una escalada de violencia”, días después del 20/06 cuando la sanción de una reforma constitucional regó de violencia las calles de San Salvador.
Abogada asegura que durante junio en Jujuy "se cometieron delitos de lesa humanidad"
Alejandra Cejas quien representa a varios ciudadanos violentados durante los episodios de junio describió en Sobremesa (Canal 2) el trabajo que desarrollan junto a sus colegas, facilitando a Amnistía Internacional toda la documentación recopilada, testimonios, pruebas y otros elementos acerca de los posibles actos de violencia institucional ejercidos recientemente en Jujuy.
Para la ex diputada provincial Alejandra Cejas, el concepto de violencia institucional quedó chico y no alberga duda sobre una posible nueva caratula aún más grave, dadas las pruebas recopiladas desde mediados de junio a la fecha, que incluyen filmaciones, testimonios, material audiovisual que comprobarían un proceder antirreglamentario de las autoridades policiales.
Cejas afirma que la prueba máxima e irrefutable surge del pago que el gobierno habría efectuado a los agentes y oficiales de la policía en reconocimiento por su accionar. “Usaron recursos públicos para actuar contra los derechos ciudadanos”, expresó en Sobremesa ( Canal 2) advirtiendo que muchos funcionarios quedarán implicados: “El día 20 a las 15.00 horas tenemos declaraciones del Jefe de la Policía diciendo que había molotov en los vehículos, solo habían pasado dos horas y no había actuado criminología”.
Las abogadas del fuero local que hacen de nexo con Aministía Internacional, además de Cejas, incluye Mariana Vargas, Silvana Llanes y Lorena Mamaní, quienes han podido documentar entre otros delitos “agresiones a personas discapacitadas, falta de registros en instituciones públicas de salud porque no les permitían el acceso, amedrentamiento, hemos tenido actos intimidatorios, no se cumplieron con los códigos de procesamiento penal…”.
Como resultado el organismo ya cuenta en sus haberes con más de 100 denuncias por episodios represivos. Pero según le consta a la entrevistada, la comisión de DDHH creada por decreto presidencial y que intervendrá en las investigaciones ya registra más de 200. Incluso un diputado francés extendió invitaciones a las comunidades jujeñas para comparecer en Bruselas junto a sus colegas y exponer las graves situaciones vividas “todos se van sorprendidos y con un ramillete de denuncias”, concluyó Cejas.
