Sin coparticipación, los intendentes seguirán mendigando para gobernar en el interior
Lo que acabamos de escuchar no es solo una denuncia: es la radiografía brutal de un sistema que parece haber canjeado la gestión por el instinto de supervivencia política. Estamos hablando de un modelo de poder en Jujuy que, después de doce años, comienza a mostrar claros síntomas de agotamiento.
A esto se suma el enclaustramiento y la manipulación informativa a través de un vocero que funciona como escudo humano de la realidad. El planteo es claro: existe una estructura diseñada para que la verdad no se filtre, donde se construye un relato paralelo mientras, puertas adentro, el miedo al “llano” —a volver a ser ciudadanos comunes sin la caja del Estado— se convierte en una obsesión.
La discusión de fondo vuelve a ser la ley de coparticipación municipal, una deuda histórica que no parece frenada por la crisis económica nacional, sino por una decisión política deliberada. El oficialismo intenta instalar la caída de la recaudación como argumento para justificar la demora, advirtiendo que sin el arbitraje del Ejecutivo los municipios no podrían siquiera pagar salarios.
Sin embargo, los datos oficiales de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales muestran otra cosa: las transferencias automáticas que recibió Jujuy pasaron de 132 mil millones a 149 mil millones de pesos entre marzo y abril de 2026. Es decir, hubo un incremento de más de 16 mil millones de pesos en apenas un mes. Por eso, el discurso de que “no hay plata” empieza a derrumbarse.
Lo que aparece detrás de esta maniobra es un mecanismo clásico de disciplinamiento político: mantener a los intendentes dependiendo de la discrecionalidad del poder central, obligados a peregrinar por la Jefatura de Gabinete para conseguir recursos que deberían llegar automáticamente por ley.
En este escenario, la figura de Gerardo Morales sigue siendo central. Aunque ya no ocupa formalmente la gobernación, muchos lo señalan como el verdadero estratega detrás de la decisión de seguir frenando la ley, priorizando el control político y electoral por encima de la autonomía municipal. Y eso deja al actual gobernador, Carlos Sadir, en una posición incómoda, después de haber prometido varias veces una norma que nunca termina de avanzar.
La consecuencia es grave: los intendentes dejan de gobernar para convertirse en administradores de la escasez. Aquellos que fueron elegidos para gestionar obras y servicios terminan mendigando fondos para pagar la luz, levantar la basura o sostener servicios básicos.
Sin una ley de coparticipación clara, el federalismo municipal se transforma en una ficción. Los municipios quedan atados a un sistema de dependencia permanente donde la lealtad política vale más que las necesidades de la gente.
Y mientras tanto, el interior sigue esperando autonomía, desarrollo y recursos que, en cualquier provincia con reglas claras, deberían llegar por derecho y no por favor político.