El líder de la actual administración política de Palpalá opta por una estrategia comunicacional evidentemente mal planificada.
Prefiere elegir medios obsecuentes donde declarar nimiedades, minimizar el hecho de que Palpalá presenta 150 casos de Covid-19 hasta la fecha (última conferencia del COE 06/07) y mostrarse tanto fuerte como soberbio vía chicanas poco productivas contra los trabajadores del Estado.
Este último caso le ha valido el malestar generalizado de los sindicatos más representativos de la ciudad ATE y SEOM con posibilidad de que se accionen mecanismos legales en su contra.
Durante el fin de semana se divulgó el fragmento de una entrevista con medios locales, donde Rivarola tildó de “vaga” a una empleada cesanteada y hasta se animó a extender esa calificación a otros trabajadores sin individualizar.
“No es despido por que es personal contratado. Tengo entendido por la Dirección de Personal, porque uno no está enterado de todo lo que pasa, que no venía a trabajar, una persona vaga. Y para que le quede claro a todo el mundo, si estamos trabajando tenemos que hacerlo todos, personas que no tengan intención de trabajar los palpaleños no tienen porque aguantarlos”.
Las declaraciones del jefe comunal en un claro tono de reto y desafío afectaron el orgullo de los trabajadores, especialmente quienes en su carácter esencial han trabajado sin pausa durante los 150 días de cuarentena a pesar del desamparo político tantas veces expuesto.
El secretario adjunto del SEOM Sebastián López no solo exigió al intendente las disculpas tras el exabrupto, también pidió la inmediata reincorporación de los trabajadores despedidos (recordando que esta es la segunda tanda en 2020) y ratificando la intención de acudir a la justicia ante el incumplimiento del DNU 329/2020 que prohíbe los despidos.
¿Pero quién tiene la razón? En otro pasaje de la misma nota Rivarola afirma sin miramientos que “es un cese de contrato, hay personas que están interpretando las cuestiones. Mi persona va a respetar las leyes” alegando que dicha relación es pasible de cortar. No obstante, quienes conocen de leyes alegan lo contrario.
Ni bien el presidente Fernández firmó el DNU los abogados del estudio jurídico Semino Partners, por citar un ejemplo, fueron consultados por numerosos medios haciendo pertinentes aclaraciones sobre el Decreto 329 y por decantación a las sucesivas prórrogas.
El abogado Juan Martín Dighero explicó “al no hacerse salvedad en el texto, esta prohibición abarca a empleados bajo la Ley de Contrato de Trabajo o por Estatutos Especiales (periodistas, construcción, agrarios, servicio doméstico) y con igual fundamento, al personal dependiente de los Estados nacional, provinciales o municipales”.
Allí es donde entra en juego la letra chica, solo en caso de que surgiera una injuria laboral, una justa causa que fundamente la decisión por un incumplimiento grave podría adoptarse dicha decisión.
En diálogo con Canal 2, una de las empleadas citadas tácitamente por Rivarola negó las acusaciones por irresponsabilidad e incluso describió la medida como “una acción política con abuso de autoridad”.
Como se puede apreciar tanto en el relato como en el comunicado de la Dirección de Personal, las causales de dicho despido no están definidas, por lo tanto existen motivos para considerar la arbitrariedad en el proceder de los funcionarios.
En caso de que la situación persista y el SEOM avance por vías legales, un nuevo bochorno se sumaría al breve historial de Rubén E. Rivarola al frente de la comuna siderúrgica, recordando que ya había obrado de manera jurídicamente incorrecta cuando decidió emplazar unilateralmente el Centro de Abastecimiento Municipal en terrenos de Fabricaciones Militares cuyo derecho de ocupación pertenece a un sociedad privada.
