Después de un mes sin sesiones, el Senado volverá a reunirse en el recinto para trabajar una serie de proyectos que no cuentan con conflictividad política y representarían avances en iniciativas para capturar nuevas inversiones en pymes regionales y mercados ambientales. Se trata de un guiño para aliados, dado que gran parte de las propuestas son de su autoría.
El encuentro se oficializó en una reunión de Labor Parlamentaria para el jueves 29 de octubre desde las 14 horas y contará, en principio, con tres proyectos: la votación del Régimen de Incentivo para las Inversiones Relevantes (RIIR), la regulación de un mercado de carbono y la inclusión de la reforma de la ley 26.657 de Salud Mental. Este último tema podría quedar para el final de la jornada, con dos modificaciones sobre el dictamen: la disposición taxativa del financiamiento nacional para el programa y la legitimidad equitativa entre psiquiatras y psicólogos.
A su vez, la oposición respondería con la presentación sobre tablas de la interpelación a Diego Santilli, quien aún no realizó la defensa de gestión en ninguna de las dos Cámaras. En el Senado, no se cita un jefe de Gabinete desde junio del 2025 y habría acuerdo oficialista para que esto ocurra antes de fin de año. Las menciones a Pablo Quirno y Flávio Bolsonaro aparecerían en las mociones de privilegio. El peronismo podría reflotar un proyecto de resolución sobre el canciller.
Hay otros tres proyectos incluidos en el temario. El primero, de autoría de la chubutense Edith Terenzi, dispone la obligatoriedad de los comercios del rubro gastronómico de incluir cartas adaptadas con pictogramas, para personas con dificultad en el lenguaje. Existe otro, del catamarqueño Flavio Fama, que modificará la ley 26.206 de Educación Nacional para promover el desarrollo de la educación emocional en el sistema educativo, con hincapié en la atención de la salud mental. El último es la transferencia de inmuebles del Estado nacional a favor de la Municipalidad de Puerto Madryn.
Habrían también homenajes por el aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, además de conmemoraciones por los fallecimientos del sindicalista Norberto Di Próspero y el senador Carlos Pagotto. Precisamente, este será reemplazado por la senadora riojana Claudia Cecilia López.
Senado: buscan aprobar reformas que promuevan inversiones
Dentro del temario, existe atención en el Régimen de Incentivo para las Inversiones Relevantes (RIIR), del correntino Ignacio Vischi, que busca captar inversiones superiores a los u$s12 millones a partir de la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y de la devolución anticipada de créditos fiscales de IVA generados por la actividad. A su vez, establece que los emprendimientos deben estar destinados a la fabricación o importación de "bienes muebles nuevos" -excepto automóviles-, o la realización de obras afectadas directamente al desarrollo de actividades productivas en territorio nacional.
La expectativa es que el RIIR capte inversiones de las actividades más dinámicas de generación de empleo intensivo y que pueda concentrarse en las economías regionales, dado que las posibilidades en muchas provincias no pueden ser encuadradas por los regímenes ya aprobados (RIMI, RIGI) ni por el Súper RIGI, aún en debate en el Senado. Precisamente, si una firma adhirió a otro programa será excluído de este proyecto.
Por otro lado, se tratará un régimen para institucionalizar los mecanismos de medición y seguimiento del mercado de carbono en la Argentina. La ley, impulsada por la salteña Flavia Royón, reglamentaría la comercialización de "créditos de carbono", que se obtienen cuando emprendimientos de sostenibilidad (reforestación, energía renovable o agricultura regenerativa) generan una reducción en la emisión, a compradores nacionales o extranjeros que precisen compensar sus propias emisiones de carbono.
La redacción crea el Registro Nacional de Reducción de Emisiones, que tendría mayores funciones que el Registro Nacional de Proyectos de Mitigación (ReNaMi) creado en 2021, que fiscaliza proyectos que deben demostrar que la reducción de emisiones no habría pasado sin su existencia y que es duradera en el tiempo. Como estímulo, tendrían estabilidad fiscal por 15 años y una serie de facilidades impositivas (en Ganancias, IVA y amortizaciones). Se establece seguridad jurídica con respecto a la propiedad del crédito, que pertenece al dueño de la tierra y no al Estado.