Pero
el tema de los funcionarios corruptos no es exclusividad de Jujuy; es un tema
que aqueja a la sociedad argentina en su conjunto por igual, sin distinciones.
Como dijo el poeta “pinta tu aldea y
pintarás el mundo”; lo que ocurre en Jujuy es similar a lo que pasa en
Mendoza, Córdoba, Corrientes o Chubut. La diferencia radica en la manera de
encarar las cosas.
Córdoba propone control ciudadano de la policía
Días pasados, los jujeños recibieron la noticia de que algunos altos jefes de la Policía de la Provincia habían sido detenidos por cometer hechos delictivos. Aquellos que debían protegernos eran en realidad los delincuentes.
En la provincia de Córdoba, desde el año pasado rige un programa de “control ciudadano de la policía”. En abril de 2014
y con
un amplio consenso, la Legislatura cordobesa aprobó la ley que permite a
vecinos y a asociaciones intermedias intervenir -mediante audiencias públicas- con opiniones
en los procesos de ascensos y promociones de oficiales superiores de la
Policía.
El programa contempla la instalación de “buzones del ciudadano” ubicados en escuelas y centros vecinales, en los que la gente que no quiera identificarse puede dejar sus sugerencias y comentarios acerca de los candidatos a ser promovidos, un mes antes de la audiencia pública. Posteriormente se realizan las audiencias que no son vinculantes pero si la mayoría vota por el NO, esta opinión impacta sobre la designación del candidato al ascenso. Allí se abren los buzones y las opiniones quedan consignadas en un acta.
Todas estas opiniones deberán ser incorporadas al proceso de la Junta de Promociones y Retiros de la Policía, para que la autoridad de aplicación considere y evalúe la propuesta de ascenso, adjuntándolas cuando eleve su resolución al Poder Ejecutivo. La Audiencia Pública se llevará a cabo en el lugar donde se desempeñó el oficial propuesto para ascender.
El diputado cordobés Sergio Busso, presidente del bloque de Unión Córdoba en la Legislatura, conversó con Radio 2 acerca de esta novedosa y hasta ahora eficiente propuesta que tiene que ver con involucrar a la sociedad con el control de la seguridad.
“Entendemos que las promociones de los ascensos de los jefes tienen que ir más allá de las valoraciones que tiene que hacer la misma Policía; tiene que estar involucrada también la gente. Si alguien está postulado para ascender tiene que pasar por audiencia pública para que esa persona tenga el aval de la sociedad”, explicó
La ciudadanía que participa en las audiencias públicas emite una opinión que trasciende la valoración que hace la misma fuerza policial. “Los ascensos van con la firma del gobernador que no va a firmar el ascenso de alguien que tenga la opinión desfavorable de la comunidad. Se convoca a audiencia para que la gente pueda opinar”, afirmó.
El Estado Mayor de la Policía es el que hace la evaluación, pero además de evaluar los informes de la fuerza, deberá poner en consideración la opinión de la sociedad. Si hay opinión desfavorable de ésta, no firmará ese informe.
El espíritu de la ley es permitir que la comunidad evalué el accionar de un oficial policial. “Esto también estimula a que el jefe de un lugar tenga buena relación, una buena actitud; eso alimenta y controla el mismo accionar de la conducción policial”, comentó el legislador.
Esta herramienta ha permitido que se haya restituido el vínculo entre el vecino y la autoridad policial, porque ese jefe sabe que la comunidad va a poder opinar sobre su accionar; va a tener una opinión que va ser tenida en cuenta a la hora de calificar su desempeño.
División Anti narcotráfico
El pasado lunes 4 fue puesta en funcionamiento esta nueva división que tiene la particularidad de estar desprendida del poder político; pertenece al ámbito del Poder Judicial, específicamente dentro del Ministerio Público, por lo que el fiscal general es quien está a cargo.
“En materia de represión del narcotráfico creo que es un avance institucional muy fuerte, importante, porque le da mucha independencia”, afirmó Busso, quien recordó que hay policías que están procesados por distintos hechos.
Se trata de una fuerza compuesta por 230 efectivos seleccionados de entre distintas fuerzas de seguridad, que cuentan con un equipo especial de alta tecnología. La fuerza se financia con presupuesto propio.
El programa contempla la instalación de “buzones del ciudadano” ubicados en escuelas y centros vecinales, en los que la gente que no quiera identificarse puede dejar sus sugerencias y comentarios acerca de los candidatos a ser promovidos, un mes antes de la audiencia pública. Posteriormente se realizan las audiencias que no son vinculantes pero si la mayoría vota por el NO, esta opinión impacta sobre la designación del candidato al ascenso. Allí se abren los buzones y las opiniones quedan consignadas en un acta.
Todas estas opiniones deberán ser incorporadas al proceso de la Junta de Promociones y Retiros de la Policía, para que la autoridad de aplicación considere y evalúe la propuesta de ascenso, adjuntándolas cuando eleve su resolución al Poder Ejecutivo. La Audiencia Pública se llevará a cabo en el lugar donde se desempeñó el oficial propuesto para ascender.
El diputado cordobés Sergio Busso, presidente del bloque de Unión Córdoba en la Legislatura, conversó con Radio 2 acerca de esta novedosa y hasta ahora eficiente propuesta que tiene que ver con involucrar a la sociedad con el control de la seguridad.
“Entendemos que las promociones de los ascensos de los jefes tienen que ir más allá de las valoraciones que tiene que hacer la misma Policía; tiene que estar involucrada también la gente. Si alguien está postulado para ascender tiene que pasar por audiencia pública para que esa persona tenga el aval de la sociedad”, explicó
La ciudadanía que participa en las audiencias públicas emite una opinión que trasciende la valoración que hace la misma fuerza policial. “Los ascensos van con la firma del gobernador que no va a firmar el ascenso de alguien que tenga la opinión desfavorable de la comunidad. Se convoca a audiencia para que la gente pueda opinar”, afirmó.
El Estado Mayor de la Policía es el que hace la evaluación, pero además de evaluar los informes de la fuerza, deberá poner en consideración la opinión de la sociedad. Si hay opinión desfavorable de ésta, no firmará ese informe.
El espíritu de la ley es permitir que la comunidad evalué el accionar de un oficial policial. “Esto también estimula a que el jefe de un lugar tenga buena relación, una buena actitud; eso alimenta y controla el mismo accionar de la conducción policial”, comentó el legislador.
Esta herramienta ha permitido que se haya restituido el vínculo entre el vecino y la autoridad policial, porque ese jefe sabe que la comunidad va a poder opinar sobre su accionar; va a tener una opinión que va ser tenida en cuenta a la hora de calificar su desempeño.
División Anti narcotráfico
El pasado lunes 4 fue puesta en funcionamiento esta nueva división que tiene la particularidad de estar desprendida del poder político; pertenece al ámbito del Poder Judicial, específicamente dentro del Ministerio Público, por lo que el fiscal general es quien está a cargo.
“En materia de represión del narcotráfico creo que es un avance institucional muy fuerte, importante, porque le da mucha independencia”, afirmó Busso, quien recordó que hay policías que están procesados por distintos hechos.
Se trata de una fuerza compuesta por 230 efectivos seleccionados de entre distintas fuerzas de seguridad, que cuentan con un equipo especial de alta tecnología. La fuerza se financia con presupuesto propio.