Es alarmante que en barrios como Cuyaya, a pasos del centro del poder, la convivencia ciudadana se haya degradado a peleas, pedradas y consumo a plena luz del día. Pero más preocupante aún es el silencio administrativo ante tragedias como la ocurrida en la comisaría del barrio El Chingo. Que un joven muera quemado en una celda y que, tras semanas de incertidumbre, los responsables sigan en sus puestos sin que la Justicia haya esclarecido el hecho, habla de una degradación institucional peligrosa.
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Secretario Pulleiro: ¿Cuál es el plan?
La realidad golpea de frente en Jujuy y lo que hoy escuchamos no es solo un reclamo vecinal: es el grito de una provincia que se siente a la deriva frente a una inseguridad que parece haberle ganado la pulseada al Estado. El escenario que se describe es el de un delito creciente, potenciado por el flagelo del alcohol y la droga, que ha tomado las calles de Palpalá, Perico, San Pedro y hasta el norte provincial, mientras la respuesta oficial parece limitarse a actos protocolares y promesas de mayor presencia policial que nunca terminan de materializarse.
La pregunta que nos hacemos todos es inevitable: ¿existe realmente un plan de seguridad o estamos ante la teoría de la frazada corta? El secretario Pulleiro habla de sumar efectivos en zonas calientes, pero la realidad demuestra que solo se están colocando parches sobre una estructura que hace agua por todos lados. No se puede gestionar la seguridad de una provincia desde la oficina mientras los gimnasios de Palpalá son asaltados una y otra vez y las familias viven con miedo.
Lo que vemos hoy no es una política pública, sino la ausencia del Estado disfrazada de gestión. Mientras se celebran ascensos y ceremonias, el ciudadano de a pie queda desprotegido frente a un sistema que no solo no previene el delito, sino que ni siquiera es capaz de garantizar la vida de quienes están bajo su custodia. ¿Cuál es el plan? Porque, hasta ahora, lo único que se percibe es abandono.
Pensar una solución real implica dejar de lado los parches y la improvisación. Jujuy necesita con urgencia un plan de seguridad integral que entienda que el delito no se combate solo con más patrulleros, sino con una presencia estatal inteligente y coordinada. Un plan serio debería comenzar por la profesionalización y la transparencia absoluta de la fuerza policial, con sistemas de control externo y la implementación de cámaras corporales que garanticen que lo ocurrido en El Chingo no se repita jamás. La confianza del vecino es el primer eslabón de la seguridad.
Este esquema debe ir acompañado por una descentralización operativa que lleve tecnología de punta a los barrios: centros de monitoreo con inteligencia artificial, botones de pánico conectados directamente a cuadrículas móviles en zonas críticas como Cuyaya o localidades como Palpalá y Perico, asegurando tiempos de respuesta de minutos y no de horas.
Pero sería ingenuo creer que la solución termina en la comisaría. La verdadera seguridad integral ataca la raíz del problema con un abordaje multidisciplinario contra las adicciones, donde los ministerios de Salud y de Desarrollo Humano trabajen de manera coordinada en las zonas más afectadas, ofreciendo centros de recuperación y contención para los jóvenes que hoy están a merced del alcohol y la droga.
A esto debe sumarse una política sostenida de integración urbana: más iluminación, recuperación de espacios públicos y eliminación de focos de impunidad, acompañada por una Justicia penal rápida y eficaz, que deje de ser una puerta giratoria que desalienta la denuncia vecinal.
Se trata, en definitiva, de pasar de la “frazada corta” a un verdadero sistema de prevención ciudadana, donde la policía esté en la calle, pero también donde el Estado esté presente con deporte, cultura y salud. Porque un plan de seguridad que no contemple la dimensión social es apenas una declaración de buenas intenciones, destinada al fracaso.