Este procedimiento irregular culminó con el desalojo material de una familia que residió de manera continua en el lugar durante medio siglo.
El origen del conflicto y la reescrituración
El caso se remonta a agosto de 1972, cuando la Municipalidad de San Pedro firmó un contrato de compraventa sobre un lote de la manzana 134, en el barrio Providencia, a favor de Juan de la Cruz Pizarro. Tras el fallecimiento del comprador originario, sus descendientes y familiares mantuvieron la posesión ininterrumpida del inmueble, realizando mejoras y afrontando el pago de tributos a lo largo de los años.
Sin embargo, el 27 de diciembre de 2022, mediante la intervención de autoridades y funcionarios de la gestión municipal, se otorgó la Escritura Pública N° 46 a favor de una nueva adquirente. La particularidad del instrumento radica en que invoca expresamente el expediente de 1972, sin que conste en las actuaciones un acto administrativo formal de revocación o caducidad del derecho otorgado cinco décadas antes.
Desalojo e indefensión material
Con el nuevo título registral, la compradora posterior entabló un juicio de desalojo ante el Juzgado Civil y Comercial N° 8 de San Pedro. En medio de una crítica situación socioeconómica y un reciente duelo familiar, el ocupante del inmueble no logró articular una defensa particular en el plazo correspondiente.
El proceso judicial concluyó el 5 de marzo de 2026 con una sentencia que ordenó el lanzamiento por la fuerza pública. Dicha medida fue ejecutada, dejando como resultado un inmueble que en la actualidad permanece completamente desocupado.
La batalla judicial en las máximas instancias
Frente a este desenlace, la representación técnica de la familia afectada interpuso una Acción Autónoma de Revisión de Cosa Juzgada por Nulidad Írrita ante el máximo tribunal provincial. El planteo busca revisar la firmeza del desalojo bajo el argumento de que el fallo derivó de una presunta maniobra fraudulenta de origen.
En paralelo, se tramita la denuncia penal para delimitar las responsabilidades de los funcionarios que intervinieron en la segunda enajenación. Mientras la Justicia evalúa el pedido de restitución provisoria del inmueble y medidas cautelares para proteger al grupo familiar, el caso abre una profunda discusión sobre el control de legalidad y los límites de la cosa juzgada.
