- La letrada Mariana Vargas criticó la persecución legal a dirigentes sociales asegurando que las multas contravencionales “solo sirven para hacer caja e intimidar”.
- Aseguró que algunos sindicalistas fueron acusados a pesar de no haber sido “filmados en situaciones comprometedoras”.
Abogada considera que las contravencionales sirven "para hacer caja e intimidar"
Criticó la "persecución" legal a dirigentes sociales que protestan contra la reforma parcial de la Constitución.
Desde que se anunció la iniciativa del gobierno de modificar parcialmente la Constitución de Jujuy, los dirigentes de sindicatos provinciales fueron algunos de los férreamente opuestos a la misma, exigiendo a legisladores y ediles a expresarse en contra de la modificación. También a la ciudadanía, a colaborar para “voltear” la reforma.
Mariana Vargas es abogada, integrante de las agrupaciones de gremios que exigen la derogación de la reforma, y representa legalmente a otros integrantes de la misma. Sostuvo que las multas contravencionales que recibieron algunos gremialistas representan la ilegalidad e inconstitucionalidad de los procedimientos de Morales y sirven “no solo para hacer caja sino para intimidar y generar temor en quienes movilizan”.
Aseguró que muchos dirigentes fueron citados por la justicia a pesar de no haber sido “filmados en situaciones comprometedoras” sino por el hecho de ser dirigentes y convocar a la movilización del 20 de junio.
“Ahora se los persigue con la contravencional, se ponen multas incluso se aumentó el monto pero son actos de intimidación”.
Vargas marcó que las multas contravencionales son inconstitucionales porque desde la provincia se plantean cuestiones penales que son reservadas al Congreso de la nación.
Por otro lado, que hay policías testigos de distintos hechos, y sus testimonios se toman como pruebas para condenar.
“Luego viene una condena que impone el juez contravencional designado por Morales”.
Notificaciones, expedientes y sentencias
Por otro lado, el juez contravencional Federico Borda comentó las multas realizadas a organizaciones sociales y sindicalistas por los hechos ocurridos el 20 de junio en la Legislatura indicando que:
- Hay 60 expedientes.
- Fueron notificadas 20 personas.
- 16 sentencias no quedaron firmes por presentación de recursos de revisión.
- Las acusaciones van desde “reuniones” y “perjuicio a la propiedad público privada” hasta “molestias a terceros”.
- Las multas varían, pero destacó que hay de $ 44.000 y $ 2.200.000.
- Si el acusado se declara insolvente, debe presentar todos los documentos que acrediten su estado para rever la sentencia.