Iniciando el mes de abril, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Glaciares. La normativa contó con el apoyo de sectores aliados al oficialismo (4 legisladores jujeños acompañaron la iniciativa).
Semanas más tarde, el Gobierno la promulgó y redefinió el esquema de protección. La nueva norma modifica el alcance del resguardo ambiental y otorga mayor poder a las provincias, con cambios en controles, inventarios y actividades habilitadas.
Este viernes se concretó un reclamo en la provincia, específicamente en la sede del Ministerio de Ambiente donde se iba a desarrollar una audiencia sobre esta modificación de la ley de glaciares y de la cual iba a participar la Asamblea por el Agua Jujuy.
Néstor Ruiz, perito ambiental e integrante de dicha asamblea, expuso que fueron citados a las 8:00 pero hasta el momento no los habían recibido, por lo que anticipó que se quedarán hasta ser recibidos.
Advirtió que, aunque la ley nacional se modifique, Jujuy posee una ley provincial homóloga que debería mantener los estándares de protección originales (Ley 26.639) como presupuesto mínimo.
En tal sentido, destacó que Jujuy es proveedor de agua para regiones vecinas pero no recibe de otras fuentes, sumado a las bajas precipitaciones en la Puna (menos de 200 mm anuales). Dijo que esta situación radica en el impacto de la explotación evaporítica de litio, afectando tanto a ciudades como a comunidades indígenas con la pérdida de agua.
Confirmó que los integrantes de la asamblea han firmado el amparo judicial contra la modificación de la ley nacional, considerándola un "error técnico" que atenta contra el federalismo.
VS SAN MARTÍN 
