Morales y una opinión clave a favor de Milagro Sala
El gobernador dijo no compartir que la CIDH otorgue prisión domiciliaria “a los corruptos”, aunque reconoció que la medida cautelar es de cumplimiento obligatorio; la justicia deberá decidir si concede el beneficio a la dirigente.
El viernes 28 de julio se conoció una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que se cuestiona las condiciones de detención de Milagro Sala, la dirigente jujeña que permanece en el Penal de Alto Comedero con prisión preventiva por una causa de corrupción en la obra pública.
En la misma, el organismo recomendó que la justicia jujeña considere mecanismos de detención alternativos, como la prisión domiciliaria o dispositivos electrónicos (tobillera), y que conceda a la líder de la organización Tupac Amaru abandonar la prisión ubicada en el sur de la capital jujeña.
Mientras que el entorno de Sala se encargó de remarcar que la cautelar obligaba a la liberación urgente de la detenida, el oficialismo local aclaraba que lo expresado por la CIDH no tenía un efecto legal concreto y que la situación de la dirigente seguía siendo potestad de los jueces jujeños, y en todo caso, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En medio de ese debate, el gobernador Gerardo Morales sumó una opinión de peso. Vía twitter, el mandatario jujeño mostró su disconformidad con lo resuelto por el organismo internacional, aunque reconoció que su cumplimiento es obligatorio.
La justicia recibe así mayor presión para resolver la situación de Milagro Sala. Técnicamente, distintos abogados consultados indican que no hay un plazo establecido ni un efecto legal concreto tras la resolución de la CIDH.
No obstante, el país ha suscripto tratados internacionales en los que reconoce la ascendencia de organismos como la Comisión Interamericana y se obliga a considerar sus mandatos.
Es probable que los jueces tomen en cuenta la resolución para decidir sobre el futuro de la dirigente.
Milagro Sala se encuentra privada de su libertad, con prisión preventiva, desde el 16 de enero de 2016.
La causa conocida como “Pibes Villeros” es la que decidió su condición hasta la actualidad: es la que investiga la desaparición de 29 millones pesos, cuya extracción quedó filmada en una sucursal del Banco Nación. Las personas que se llevaron el dinero pertenecían a la cooperativa “Pibes Villeros”, que formaba parte de la red de organizaciones sociales que lideraba Sala.
Según testigos, el dinero llegó al domicilio de Milagro Sala en barrio Cuyaya, y de allí se perdió su rastro.
Las obras que debían haberse realizado con esos fondos (viviendas) nunca se concretaron.
La justicia considera que en libertad, Sala podría presionar a quienes testificaron en su contra, logrando que corrijan su testimonio. Es lo que se denomina como “colusión de testigos” en la jerga legal.
Además, sostienen que atento a la documentación que aún no ha sido encontrada, la dirigente aún conservaría poder para entorpecer la investigación.
Esta decisión ha sido cuestionada por su defensa y por las organizaciones que defienden a Sala, a través de distintos recursos.
Uno de ellos, la medida cautelar ante la CIDH, es lo que fue resuelto el pasado viernes, recomendando su prisión domiciliaria.
Quedan pendientes los dos recursos extraordinarios que llegaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, uno cuestionando los argumentos de la prisión preventiva y el otro reivindicando los fueros parlamentarios que le corresponderían por haber sido electa diputada del Parlasur.