UCR sigue objetando el programa “Un Lote para cada familia”

En la audiencia judicial –que se reanudó tras el cuarto intermedio que impuso la justicia el viernes último- el gobierno provincial, a través del Procurador General, Gustavo Toro, contestó la demanda. También se conoció la adhesión del Defensor de Menores a los términos de la demanda y la prueba presentada por los legisladores radicales, quienes han denunciado, además, la afectación a los derechos de los niños provocadas por las condiciones indignas que soportan los hijos de las familias que viven en diversos asentamientos.

El diputado Pablo Baca, explicó tras la audiencia judicial concretada en el Tribunal Contencioso Administrativo, que el órgano judicial deberá llevar a cabo la apertura de la prueba ofrecida y ordenar otras que considere necesarias.

Observó el legislador provincial que “en la audiencia se puso de manifiesto la voluntad que tiene el Estado de no cumplir el programa, de expresar su molestia por la demanda impulsada por los legisladores y adjudicatarios y negar a la justicia la posibilidad de que ordene cumplir con el programa”.

“El Gobierno tiene actitudes dilatorias y ha expresado cuestionamientos a la posibilidad que se produzcan pruebas destinadas a que no se conozca el estado de ejecución del programa. Pero también el gobierno pretende evitar que la justicia se expida obligando al cumplimiento. En última instancia pretende que este programa dependa exclusivamente de la voluntad del Poder Ejecutivo y que quede supeditado a su mera voluntad y antojo, para cumplirlo cuando quiera y de la manera que quiera”, agregó Baca.

Baca cuestionó la postura del estado provincial que “pretende que la Justicia no pueda imponer un plazo a un programa que resulta de decretos y leyes y que ha sido formulado para atender cuestiones de urgencia en una crisis habitacional”.

Por otra parte, el diputado Pablo Baca explicó que como en la problemática que se ha denunciado en la justicia “están involucrados derechos de la infancia; el presidente de trámite le ha dado participación al Defensor de Menores”. A propósito resaltó que este “ha adherido a nuestra posición en todos los términos, tanto a la demanda y a la prueba que hemos ofrecido en el día de la fecha. De modo que el Defensor de Menores ha compartido la necesidad de que se lleve adelante el programa de forma inmediata y con los servicios que corresponden para garantizar los derechos de los niños y niñas que viven en los asentamientos”.

Pablo Baca, por otra parte, recordó que se ha solicitado una medida cautelar para que se implemente el servicio de agua potable y seguridad pública, atendiendo que la ausencia de agua genera un riesgo sanitario y la ausencia de luz afecta la seguridad e integridad de las personas, expuestas a diversos delitos. Pero además se ha requerido la instalación de baños públicos, hasta tanto se provean los servicios de infraestructura sanitaria y recolección de residuos para evitar una crisis ambiental. Explicó Baca que el Estado considera que no tiene una obligación en este sentido, lo cual constituye una interpretación que contraviene las disposiciones legales vigentes.

Finalmente el legislador consideró que al tratarse de una demanda de amparo, deberían llevarse adelante los actos con celeridad. “Estamos invocando cuestiones de urgencia y cuestiones humanitarias. Si bien la Justicia tiene su tiempo, aspiramos a que el proceso vaya adelante con la urgencia que corresponde a la situación”, concluyó.

La posición del gobierno confronta con la filosofía política del peronismo, desconoce los avances producidos en las normas supranacionales que reconocen el derecho a la vivienda, así como la protección a la infancia y abjura de su obligación de atender las cuestiones humanitarias que se están produciendo en los lotes”, explicaron desde la UCR.