Remo Carlotto: “Hubo avances importantes en materia de derechos humanos”
Remo Carlotto, hijo de Estela Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, y actual diputado nacional por el Frente para la Victoria, está de visita en la provincia de Jujuy acompañando los juicios de lesa humanidad.
El legislador Nacional reconoció que en Jujuy hubo un notable avance en materia de derechos humanos en este último año, teniendo en cuenta el inicio del juicio de lesa humanidad y la constitución de una comisión parlamentaria en la Legislatura provincial.
En diálogo con Jujuy al Momento, tras presenciar la audiencia 22° de los juicios de lesa humanidad que lleva adelante el Tribunal Oral Federal N° 2, dijo estar muy satisfecho por los avances que hubo en esta materia en este año. “Vengo con mucha satisfacción a acompañar algo que en el mes de marzo no veíamos posible y a participar con todo el respeto y reconocimiento en estas audiencias”, comentó.
Recalcó que este primer objetivo tiende a tener contacto con los organismos de derechos humanos para reconocer el avance que hubo en la materia. “Realmente hay un cambio de situación y estamos acompañando a los querellantes y a las víctimas que vienen a dar valientemente su testimonio, para dejar acreditado ante la justicia la responsabilidad que hubo durante la última dictadura cívico militar” sostuvo.
Reconoció Carlotto, que a partir de determinados cambios en la Justicia Federal, se logró avanzar con los juicios contra la dictadura. “Yo creo que el cambio del juez federal Olivera Pastor, y la asunción del juez Poviña, hizo un cambio absolutamente de 360 grados con respecto a lo que estaba sucediendo en la provincia. En el mes de marzo tuve una entrevista con el gobernador donde se plantearon algunos temas, fundamentalmente la creación de la Comisión de Derechos Humanos en el ámbito parlamentario, lo que también se concretó”.
Los temas de la agenda de Derechos Humanos que se plantearán con legisladores y funcionarios provinciales, abordarán diversos temas. El legislador del FPV adelantó; “Nosotros planteamos que un eje central es el tema de la situación de las personas privadas de la libertad y de la situación de violencia institucional. Participamos de una reunión de ex presos con el ministro de Gobierno que nos pareció muy receptivo, con respecto a este tipo de temas. Creo que la construcción de políticas públicas en materia de derechos humanos, debe involucrar a todos los actores para generar mejores condiciones y mejor calidad de vida para los ciudadanos. Si hay abuso de autoridad por parte de miembros de la Policía o de las fuerzas de seguridad, y si hay violentación de los derechos de las personas que se encuentran privadas de su libertad, hay un trabajo y una agenda para llevar adelante, que nosotros estamos impulsando en todo el país, vinculada a las policías federales y a las policías de cada una de las provincias para democratizar su funcionamiento y que sean garantes y protectores de los ciudadanos y no vulneradores de sus derechos”.
Sobre los constantes hechos de violencias que se generan en la provincia por parte de organizaciones sociales, dijo que se habló el tema en el intercambio que se realizó durante la conferencia de la Facultad de Humanidades. “Nosotros comprometimos el trabajo de la comisión en la construcción de una agenda, que realmente de visibilidad a estas situaciones. También vamos a buscar la predisposición del gobierno provincial para ir generando transformaciones. Creemos que es una agenda que debemos trabajarla con constancia en el tiempo, porque modificar el funcionamiento y determinados valores culturales que existen dentro de la policía es un proceso de largo aliento. No es algo que se pueda concretar de un día para el otro, pero lo que le planteamos al ministro de Gobierno, es que un punto fundamental es que exista sanción a aquellos que cometen actos de abusos”.
En relación a la visión que tienen de Jujuy en materia de derechos humanos desde la Cámara de Diputados de la Nación, Remo Carlotto dijo que resolver los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar, tiene una resonancia en la construcción de políticas actuales. “No son hechos del pasado, sino que para nosotros son hechos del presente y una señal importante para la sociedad, de que la democracia no permite la impunidad y esto lleva también discutir esta otra agenda, del presente. Nosotros hemos encontrado predisposición en el gobernador a tomar estos temas, a empezar a tener un diálogo sobre una agenda parlamentaria en materia de derechos humanos y el fortalecimiento del área de derechos humanos de la provincia. Nos parece un eje central porque debe tener una característica transversal sobre todas las áreas de gobierno, porque entendemos que los derechos humanos también afectan a la salud pública, la posibilidad de acceso a la vivienda y todos los temas que tienen que ver con la vida cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas. Una Secretaría de Derechos Humanos fortalecida y en funcionamiento es una herramienta muy importante dentro del gobierno de la provincia” aseguró.
Carlotto consideró que no se debe permitir que en los gobiernos democráticos esté involucrada gente que participó de actos de genocidios. “Tomamos en cuenta que cada vez que surge información sobre algún agente público, funcionario público que haya tenido vinculación con crímenes de lesa humanidad, los gobiernos deben apartarlos inmediatamente de la función pública. No podemos permitir que aquellos que participaron de crímenes horrendos tengan roles dentro de los estados democráticos”.
Finalmente, el diputado comentó que se intentó avanzar en una legislación al respecto, pero que no tuvo eco en todos sus pares. “Hemos trabajado en el parlamento sobre una legislación que plantea la incompatibilidad de ocupar cargos públicos y electorales de aquellos que participaron del terrorismo de estado. Lamentablemente no lo pudimos aprobar en ese momento porque el grupo A se opuso a incluir a miembros del Poder Judicial y nosotros, lo que encontramos es que permanentemente en todo el país están surgiendo las complicidades que existieron de miembros del Poder Judicial durante la época de la dictadura. Un ejemplo, la situación de Mendoza particularmente con integrantes de la Cámara de esa provincia que de hecho hay uno de ellos prófugo por imputaciones de 103 delitos de lesa humanidad. O sea que nos parece que nosotros tenemos que tener una mirada sobre la totalidad de los funcionarios públicos y aquellos que participaron, donde hay elementos y testimonios que lo vinculan con crímenes de lesa humanidad deben ser apartados de la administración pública”.