¿Por qué Abregú no está detenido?
Los dos primeros funcionarios provinciales detenidos por fraude tenían un rango inferior al ex presidente del IVUJ, abonando a la teoría de “los perejiles”; la fiscal Liliana Fernández de Montiel brindó una explicación técnica de porqué Lucio Abregú logra, por ahora, zafar de la cárcel.
Milagro Sala permanece detenida por fraude a la administración pública y asociación ilícita, entre otros cargos. La justicia entendió que la dirigente administró millonarios fondos para la construcción de viviendas que nunca se concretaron.
Se trata de una trama que involucra a numerosos funcionarios, de la provincia y de la nación. Sin embargo, hasta el momento la única detenida es la líder de la Tupac Amaru.
Durante 20 días, corrieron su misma suerte dos funcionarios de menor jerarquía: el ex vocal del Instituto de Viviendas, Pablo Tolosa, y la jefa del Departamento Financiero del mismo organismo, la contadora Marta Gutiérrez.
A pesar de que eran los primeros integrantes del gobierno de Fellner en ser requeridos por la justicia, gran parte de la opinión pública los catalogó como dos “perejiles”, en virtud de su prácticamente nula influencia en las decisiones que partían desde el poder político.
No fueron pocos los que se preguntaron porque la justicia no avanzó sobre los funcionarios con poder real.
En conferencia de prensa, la fiscal Liliana Fernández de Montiel, explicó cuáles son las razones técnicas por las que, por ejemplo, el ex presidente del Instituto de Viviendas y Organismo de Jujuy, Lucio Abregú, por ahora evita caer tras las rejas y sí lo hicieron dos empleados que dependían de él.
La fiscal, explicó que de la documentación que consta en el expediente de las causas por fraude a la administración pública y asociación ilícita, se desprende que Tolosa y Gutiérrez están involucrados con su firma en 14 hechos en los que se autorizaron pagos a cooperativistas por obras inexistentes.
En tanto Abregú, el jefe de Viviendas en aquel entonces, participa con su firma en un sólo hecho, aunque por un monto importante: alrededor de 4 millones de pesos.
En otras palabras, la justicia tiene razones técnicas y objetivas para determinar la detención de uno por sobre otro.
Sin embargo, la interpretación que surge si se observa el contexto político es otra: las decisiones las tomaban los funcionarios con poder real, pero las huellas las dejaban los perejiles.
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