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Piden el reconocimiento histórico para la gesta del Éxodo Jujeño

Legisladores radicales, expondrán en la reunión del Parlamente del NOA que se realizará el jueves en la provincia de Tucumán,  iniciativas que tienden al reconocimiento histórico de la Gesta del 23 de agosto de 1812.

El diputado provincial Pablo Baca (UCR) expondrá diversos proyectos formulados conjuntamente con las diputadas Ana María Jorge y Cristina Romano, relacionados al medio ambiente, minería, derechos indígenas, ferrocarriles, combustibles y género, en XXXI edición del parlamento del NOA.

En la reunión del parlamento se solicitará que las provincias del NOA efectúen un reconocimiento a Jujuy por el aporte al proceso independentista que significó el Éxodo jujeño. “En esa línea, promoverá la adhesión a los festejos previstos con motivo del Bicentenario del Éxodo, así como la difusión de este hecho histórico para su cabal conocimiento en toda la región”, afirmó el legislador.

Aseguró Baca que “este proyecto tiene por objetivo destacar el sacrificio del pueblo de Jujuy y su valor estratégico en el proceso de liberación argentino y latinoamericano. Este Bicentenario tiene que actualizar el legado de Manuel Belgrano y de los revolucionarios de Mayo y debe ayudar a reinterpretar la gravedad de la decisión de Belgrano y el heroísmo del pueblo”.

Por iniciativa del diputado Baca se pedirá  al parlamento del NOA para que la región reitere al Gobierno de la Nación, la necesidad de ampliar y mejorar el transporte ferroviario de personas y de cargas.

A propósito Baca dijo que “el ferrocarril resulta fundamental para transportar la producción regional a los centros de consumo que se encuentran dentro o fuera de la región. También contribuye a la integración de un bloque económico en América del Sur mejorando la conectividad, cooperación y coordinación en la región”.

Recordó que el NOA ya se ha pronunciado en anteriores parlamentos en el mismo sentido. No obstante –agregó- “el ferrocarril sigue siendo un desafío pendiente” que requiere del “concurso del gobierno de la Nación, que debe aportar las decisiones y recursos necesarios para que esto se lleve a cabo”.
 
En esta nueva edición del parlamento del NOA, Pablo Baca buscará que se analice la creación de un Observatorio Regional sobre Violencia de Género y Trata de Personas, que tenga como objeto gestionar información estadística, determinar las manifestaciones de violencia de género y de trata de personas prevalentes en la región, desarrollar investigaciones, efectuar recomendaciones y acordar directrices regionales de políticas públicas.

De esta manera, se espera poner en debate una herramienta que permita a los gobiernos provinciales mejorar las políticas públicas y las normas destinadas al abordaje de la violencia de género y trata.

A los efectos de que se garanticen los derechos de los pueblos indígenas, Baca anunció que propondrá que los Gobiernos de la región implementen normas y procedimientos para mejorar la efectividad de los derechos reconocidos a los pueblos indígenas en la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y en particular, solicitará que “se dispongan y cumplan procedimientos para hacer efectivo los derechos a la participación, la consulta y el consentimiento, en los términos que han sido definidos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Finalmente, se impulsará iniciativas vinculadas a minería y medio ambiente. A través de una de ellas recomienda a las Provincias del Noroeste “que dispongan las medidas necesarias para evitar el uso de tecnologías en base a cianuro, en los procesos mineros de prospección, exploración, extracción, explotación, industrialización, tratamiento y/o almacenamiento “a cielo abierto” de minerales metalíferos”.

Por último, bregará para que las Legislaturas del NOA fortalezcan procesos democráticos en la toma de decisiones sobre el desarrollo. En este sentido, intentará que los parlamentarios aprueben una iniciativa para recomendar a los gobiernos que, antes de autorizar emprendimientos de explotación de recursos naturales mineros dentro de sus territorios, realicen audiencias públicas donde se analicen los impactos, económicos, sociales y culturales.
 

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