El encuentro estuvo encabezado por la presidente de dicha comisión, Natalia Morales del Frente de Izquierda, junto a legisladores del mismo bloque, ante la ausencia del resto de los integrantes pertenecientes al oficialismo y a la oposición tradicional.
Exigencias de un sector precarizado
Natalia Morales dialogó con Radio 2 y expuso que durante la audiencia pública, que se extendió por más de una hora, las trabajadoras de la educación expusieron el crítico panorama socioeconómico que atraviesa la docencia en la provincia, remarcando que se trata de un sector mayoritariamente feminizado, compuesto por madres y jefas de hogar:
- Pérdida del poder adquisitivo: Cuestionaron el piso salarial dispuesto por el Ejecutivo provincial, calificando los incrementos de "sumas de miseria" frente a la constante escalada inflacionaria, el aumento del costo de vida y los recientes tarifazos en los servicios públicos.
- Afecciones a la salud mental y pluriempleo: Alertaron sobre la sobrecarga laboral y la multifunción dentro de las instituciones escolares, factores que generan un severo desgaste emocional y provocaron el fallecimiento de trabajadoras del sector.
- Inmuebles y vivienda: Denunciaron trabas para el acceso a licencias y a programas de vivienda social o terrenos, señalando discriminaciones administrativas hacia docentes solteras o sin hijos a cargo.
- Responsabilización edilicia: Criticaron los protocolos oficiales que intentan responsabilizar administrativamente al personal docente por deficiencias de infraestructura o accidentes dentro de los establecimientos.
"Escuchamos denuncias gravísimas. Hablan de un ministerio con puertas abiertas, pero la única respuesta real del Gobierno son amenazas de descuento, inasistencias injustificadas y amedrentamiento a las mujeres que sostienen la educación pública en medio de salarios de pobreza", sostuvo la legisladora.
Además, las representantes docentes reiteraron sus críticas contra el Ministerio de Educación por la intromisión estatal en los asuntos gremiales y la negación del derecho constitucional de huelga. En particular, objetaron la retención de los fondos de aportes sindicales y las advertencias públicas difundidas por voceros gubernamentales sobre el descuento de los días de paro.
