“Jujuy es un desaguisado en el que nadie respeta nada”

Recientemente el gobernador chaqueño Juan Carlos Bacileff Ivanoff, dijo que “Un acuerdo bajo la presión de las armas es nulo, según la Constitución”. Aseguró también que él tiene la facultad de no ratificar el acuerdo firmado por su ministro de  Seguridad.

El doctor Miguel Ángel Cabezas, en conversación con Radio 2, consideró que en Jujuy la situación no sólo es parecida sino “mucho más grave”.

Explicó que en el contexto gremial, estrictamente hablando, la actitud de la Policía está tipificada en el artículo 6 inciso 3 de la Constitución de la Provincia, que dispone que los participantes y todos aquellos que de una manera u otra, pertenecientes a las fuerzas policiales, tomaran parte de ese tipo de manifestaciones, son pasibles de exoneración sin necesidad de sumario alguno (*)

“En este contexto de Jujuy, lo peor para resolver nuestros problemas es el gobernador. Porque no puede con este texto constitucional que es ley, aceptar bajo ningún punto de vista este tipo de presión. La Constitución Nacional manda su respeto para consolidar la paz interior, llevar el beneficio de la Justicia y el progreso a todos. En este desaguisado en que nadie respeta nada, empezando por los que nos gobiernan, la gente también se siente avalada a no respetar nada. En este juego  hay muchos a los que les ha ido muy bien. Al resto de los jujeños de a pie no les ha ido tan bien; les ha ido de regular para abajo”, aseguró el abogado.

Para Cabezas el gobernador de Chaco  ha procedido correctamente no sólo al no cumplir el acuerdo, sino al echar a los funcionarios, empezando por el ministro.  “En un régimen de libertades como es el que vivimos, los límites están impuestos por la ley, no por el voluntarismo de los ciudadanos ni gobernantes”, afirmó.

Según el especialista en temas constitucionales, nunca debió llegarse a esta situación y  “es inconcebible que un gobierno de veinte años se sorprenda de que la Policía esté en un estado totalmente decrépito. El gobernador debe remitir a la Legislatura un régimen salarial para el sector policial, que  dé este incremento de 8.500 pesos y tras cartón una ley de amnistía. Porque el día de mañana va a asumir un gobernador que respete la ley y va a cesantear al personal policial, que es lo primero que tenía que hacer (Fellner)

Cabezas lamentó que no haya “una oposición que aporte, porque la oposición tiene que decirle al gobernador que lo que ha firmado con su ministro está mal y que se resuelve con una ley de amnistía, para que ningún personal policial que ha participado de la protesta, quede atrapado en la exoneración sin necesidad de sumario, porque así marca la Constitución. Hacia adelante usted resuelve el problema para no volverlo a tener. A este acuerdo de 8500 pesos se lo va a comer la inflación y vamos a volver a lo mismo; es el perro que se muerde la cola”.

Finalmente el letrado recalcó en la necesidad de buscar la responsabilidad política de quienes permitieron que sucediera lo que ocurrió.

(*) Toda fuerza policial o de seguridad de la provincia que por medio de alguna medida de acción directa u omisión actuare en contra de las autoridades legítimas, estará obrando al margen de esta Constitución y la ley, siendo sus intervinientes o participantes pasibles de cesantía y los jefes o protagonistas principales de exoneración, por ese solo hecho desde el momento mismo de su comisión u omisión, sin necesidad de proceso, trámite o resolución alguna, cualesquiera de ellos podrá impugnar la medida y una vez agotada la vía administrativa, recurrir ante la Justicia.