Juicio histórico: nuevos datos de las condiciones de detención
Se cumplió hoy la penúltima audiencia de 2012 de este primer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad, donde declararon cuatro testigos.
El primer testigo fue Bruno René Díaz, ex minero, que ya había declarado en este proceso judicial, pero fue llamado nuevamente por la ampliación de la imputación al ex Director del Servicio Penitenciario de Villa Gorriti, Antonio Orlando Vargas por “tormentos”.
Dijo que en el Penal de Gorriti estuvo 47 días incomunicado. Allí reconoció al Dr. Luis Aredez y a Julio Moisés. En cuanto al estado físico del Dr. Aredez, dijo que no lo vio golpeado en el penal.
Sobre el trato en el penal, el testigo dijo que no eran maltratados; pero relató las requisas semanales que tenían. Relato que los ponían boca abajo en la celda, los pisaban, les caminaban por encina y dejaban un desastre la celda.
Al finalizar su testimonio, Díaz entregó copias al tribunal de certificados del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) donde figura un número, entregado cuando salió de la Unidad 9 de La Plata. También entregó un telegrama colacionado de despido que fue remitido por la Compañía Minera Aguilar a su casa familiar y recepcionado por su esposa, mientras el se encontraba detenido.
Ludmila Catena da Silva es antropóloga del CONICET y actualmente preside la Comisión por la Memoria de Córdoba.
En su rol de investigadora ha estudiado aspectos sociales y antropológicos sobre la represión en Libertador General San Martín y Tumbaya. Fue citada a prestar declaración en este juicio por petición de la querella de Aredez que ejerce Paula Álvarez Carrera. Declaró desde Córdoba, vía teleconferencia.
Catena da Silva realizó una investigación antropológica en Ledesma, en el año 2000. Da Silva precisó que su investigación recupera fundamentalmente la lucha del doctor Luis Aredez por una salud pública que llegara a los obreros de Ledesma, en igualdad de condiciones.
La segunda de las investigaciones tuvo lugar en Tumbaya en 2003. La antropóloga dijo que se enteró de los seis desaparecidos, mientras se encontraba en Libertador.
Comentó que le llamó la atención el miedo de la gente a hablar y que el Partido Comunista no tenía elementos para aportar. Recordó que los desaparecidos de Tumbaya no fueron denunciados en la CONADEP y por tanto no figuraban en el Informe “Nunca Más”.
“En las entrevistas apareció con una fuerza inusitada que cuando hablaban de comunismo lo relacionaban a lo comunitario y a la tierra comunitaria”, explicó la investigadora e inscribió esta representación social en la histórica reivindicación de los pueblos originarios por la restitución de sus territorios.
Señaló además que durante el siglo XIX las poblaciones indígenas fueron acusadas de comunistas por su reclamo sobre las tierras. “Comunistas e indígenas eran categorías intercambiables” sintetizó da Silva.
Catena da Silva relató que en la cárcel, los detenidos de Tumbaya fueron “humillados, torturados, maltratados por comunistas y apátridas”. Inclusive recordó las dificultades que varios de ellos tuvieron para regresar, después de la dictadura, a sus vidas cotidianas. “El retorno de la prisión no fue fácil” por la estigmatización que generó la cárcel, uno de ellos hasta 7 años después de aquellos sucesos no podía reinsertarse laboralmente.
La tercera en testimoniar fue la Socióloga Inés Izaguirre, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y autora del libro “Lucha de clase, Guerra Civil y Genocidio en Argentina. 1973 – 1983. Antecedentes, desarrollo y complicidades”. Eizaguirre fue convocada a pedido de la querella institucional del CODESEH que ejerce Martín Patiño y declaró –vía teleconferencia- desde el Consejo de la Magistratura en Capital Federal.
En su trabajo de investigación Eizaguirre ha relevado 12.211 casos de víctimas de la dictadura, utilizando múltiples metodologías de recolección y sistematización de información.
El cuarto testimonio fue el de Reynaldo Castro, testigo de contexto propuesto por la querella de la Causa Aredez quien relató cómo desarrolló una investigación sobre los casos de desapariciones en Jujuy que dio como resultado el libro “Con vida los llevaron”.
Reynaldo dijo, entre otras cosas, que Braga ocupa un lugar destacado en el aparato represivo en Jujuy.