El Poder Ejecutivo debe informar cómo sucedieron los hechos del 9D

El legislador radical recalcó que el Estado tiene responsabilidad en los hechos de saqueos, porque hubo una falta de prestación en el servicio de seguridad y que la solución para los comerciantes es la sanción de una ley que garantice su resarcimiento.

“Yo creo que es lo que corresponde; los comerciantes fueron afectados el 9 de diciembre como consecuencia de este retiro de parte del Estado del servicio de seguridad. Eso hizo posible evidentemente los saqueos. Los responsables son los que llevaron a cabo los saqueos, pero hubo una responsabilidad del Estado en la falta de prestación de servicio de seguridad” afirmó Baca en diálogo con Mesas de Noticias de Canal 2.

Pablo Baca sostuvo que “el 10 de diciembre en la mañana presentamos un proyecto de ley donde proponíamos, un subsidio de reparación y llevar una ayuda económica inmediata que les permita a los comerciantes trabajar en el tiempo que se venía, que era la época de las fiestas, donde trabajan intensamente”.

Sobre la falta de repuesta del gobierno a los comerciantes, reconoció que “evidentemente tampoco en eso ha sido eficaz el Estado, porque hay varias entidades empresarios que señalaron justamente que no hubo reparación. Este debate de dos agrupaciones empresarias, seguramente debe tener que ver con la mayor o menor afinidad que pueda existir entre el gobierno, pero la solución le corresponde al Estado y tendrían que darla a través de la sanción de una ley”.

Consultado sobre la situación de sublevación de las fuerzas policiales, sostuvo: “Tiene que esclarecerse qué pasó en ese terreno; hubo por parte de la Policía de la Provincia, una actitud de un abierto desconocimiento de las autoridades, desobediencia a los mandos, desconocimiento del poder y la figura que tiene la Policía que no puede subordinarse. Las investigaciones se refirieron a los hechos con los saqueadores pero hay un punto que esclarecer que es la responsabilidad en que incurrieron los que retiraron el servicio”.

En ese sentido, también recalcó que “está pendiente de parte del Poder Ejecutivo la realización de un informe de cómo sucedieron los hechos. En otras provincias hay actuaciones a través de las cuales se persigue la anulación de estos acuerdos, o se lo caracteriza de distinta manera. En Jujuy no se sabe de qué manera caracteriza el gobierno lo sucedido” apuntó. 

Sobre la versión del presidente del Colegio de Abogado, el doctor Luis Canedi, quien considera  que no hay sedición, dijo que “en el Código Penal ese hecho está definido como un ataque que tiene como finalidad la destitución de la autoridad o arrancarla a las autoridades a través de la fuerza. Creo que no se puede opinar si no se sabe qué es lo que sucedió y es lo que tiene que informar el Poder Ejecutivo”.

Sí coincidió en que debe haber una investigación por parte de la Justicia sobre la falta de prestación de servicios. “Evidentemente hubo una situación que justifica desde mi punto de vista por lo menos, la investigación de parte de los fiscales. Porque fue pública la falta de prestación de servicios, que derivó en el saqueo. Si es que se cometió por parte de las policías, respecto de las autoridades de ese momento, el delito de sedición o cualquier otro, corresponde que el gobernador o la autoridad que fue víctima de este delito, haga la denuncia”.
 
También aseguró que las víctimas de los saqueos pueden reclamar el esclarecimiento de los hechos que llevaron a los daños que padecieron. “Es indudable, en el proyecto que presenta el radicalismo pedimos que el Estado se anticipe a cualquier tipo de reclamo, ofrezca la reparación lo antes posible, porque cuando uno es responsable de algo, lo mejor es reparar lo antes posible, porque evita mayores daños y hasta le saldría más barato y el Estado debería lo más ante posible conformar a las personas afectadas por el saqueo”.