“El objetivo del Gobierno y de FUyO es obstruir las decisiones políticas”

Ayer, en conferencia de prensa brindada en horas de la mañana, la agrupación política que conduce Milagro Sala, conjuntamente con las asociaciones vecinalistas y de derecho del consumidor, denunciaron que las autoridades radicales por las constantes violaciones a los derechos de los usuarios, en relación a la convocatoria realizada por la Municipalidad para que los inscriptos a la audiencia pública presenten sus posturas por escrito con respecto al aumento del boleto de colectivo que fue suspendido por una medida cautelar en San Salvador de Jujuy.

Al respecto, el concejal por la UCR, Lisandro Aguiar, manifestó a Radio 2 que “yo creo que este tema hay que tratarlo con mucha responsabilidad y cuidado y hacer dos tipos de análisis: uno de carácter estrictamente jurídico sobre si la audiencia pública es obligatoria o no, que es lo que se está ventilando hoy justamente en la Justicia. Yo tengo una opinión formada al respecto y es que las audiencias públicas no son obligatorias en la ciudad de San salvador de Jujuy para tratar este tipo de temas”.

“El artículo 42 de la Constitución Nacional que establece la participación de los usuarios en el tratamiento de los temas y de este tipo de temas jamás habla de audiencia pública, sino que habla de algún tipo de participación. Pasa que en todos los sistemas de fijación de tarifas a nivel provincial y nacional, las tarifas las fijan organismos técnicos que no dan participación popular. No es el caso de la ciudad de San Salvador de Jujuy, donde las tarifas, por carta Orgánica, las fija el órgano donde la participación popular está más garantizada, donde justamente los concejales –que son los representantes del pueblo- fijan las tarifas. Esta es mi posición desde el punto de vista jurídico”, sostuvo.

Además, Aguiar remarcó que “el análisis de carácter político, sin la obligación de llevar adelante la audiencia pública, pero el Concejo Deliberante decide llevarla adelante para dar más participación de la que estaba obligado a dar. Ahí se mezcla el contexto político, grupos de carácter político en el marco de campañas políticas financiadas con recursos públicos han decidido obstruir directamente el normal desenvolvimiento de estas actividades”.

“Tanto es así que cuando se iba a llevar adelante la audiencia pública, estos mismos grupos presentan una acción de amparo para impedir que se lleve adelante. Luego se les da la posibilidad de seguir participando, ahora a través de un decreto del Ejecutivo. La idea es ‘expresémonos, demos nuestra opinión’, si lo que queremos es dar la opinión, está la oportunidad. Hubo una primera oportunidad que fue en la audiencia pública, yo estaba presente en ese momento en el Concejo Deliberante, se podría haber llevado a cabo y no se quiso hacer”.

“Ahora hay una segunda oportunidad, pero el objetivo no es participar, hay un claro objetivo político en un esquema de cohesión entre el Gobierno provincial y la Tupac Amaru a través de su brazo político, el FUyO, que lo que quieren es obstruir, no quieren la sanción de esta ordenanza ni se quiere discutir este tema, sino que se quiere obstruir sistemáticamente estas decisiones de carácter político en materia de transporte”, indicó.

Con respecto a la medida cautelar dictada por el juez Pedicone, el edil capitalino expresó que “lo que dicta el juez Pedicone es una medida cautelar, hay una cuestión técnica que por ahí los abogados la comprenden mejor, y que no está resolviendo la cuestión de fondo. Si hay cuestiones que me sorprenden, como por ejemplo que el fallo no establece contra-cautela. Esto es que cuando se dicta una medida cautelar, normalmente se le pide al abogado que venga y afiance los riesgos que esa medida cautelar crea, porque toda medida cautelar crea un posible daño. Lo sorprendente es que en este caso, cuando se dicta una medida cautelar, en caso de ser rechazado luego el amparo, crearía daños impresionantes para las partes. Y no hay una sola contra-cautela, eso sí es raro de la medida cautelar dictada”, dijo.

Y agregó que “lo que tenemos que ver es que hoy el Ejecutivo municipal, en una actitud democrática, amplia y abierta ha dado la posibilidad de que todos aquellos interesados, que la mayoría son de la Tupac Amaru hay que resaltarlo, en su momento de los 420 inscriptos, 390 eran de esa organización social, puedan expresarse y dar su opinión”.

“La audiencia pública no es un debate, ahí hay un gran error conceptual, el debate se da en el seno del Concejo Deliberante, la audiencia pública no es un marco de debate del tema, es un marco de presentación de opiniones de sectores que no tienen la facultad de determinar en el fondo de la cuestión, no es una cuestión popular, es un lugar donde se pueden dar determinadas opiniones y la Carta Orgánica no la establece como obligatoria en este tema”, señaló.