El gobierno evalúa un embargo millonario al gremio de Moyano
El gobierno de Mauricio Macri analiza la posibilidad de pedir ante la Cámara Laboral el embargo del sindicato de Camioneros, que dirige Hugo Moyano , frente al vencimiento del plazo para pagar la multa que el Ministerio de Trabajo, que dirige Jorge Triaca , le había impuesto, de 810 millones de pesos, por incumplir una conciliación obligatoria.
Jorge Triaca confirmó que "se analiza pedir el embargo al sindicato de Camioneros ante la Cámara Laboral por falta de pago de la multa, ya que antes de apelar debía efectuar el depósito".
Luego de amenazar ayer con un nuevo paro, acusar a la Casa Rosada de emprender una persecución política en su contra para meterlo preso por las causas judiciales de lavado de dinero y corrupción que pesan sobre sus espaldas, y tildarlo como un "gobierno de facto", Moyano omitió hoy depositar el dinero de la multa y en cambio apeló la medida administrativa ante la justicia laboral.
Pero la ley fija que los sindicatos deben antes hacer el depósito, plazo que venció hoy, y luego formular la apelación judicial. Es por ello que en el Ministerio de Trabajo comenzó a circular el rumor de que la cartera está en condiciones, y de hecho analiza, formular un pedido de embargo ante la misma Cámara Laboral para cobrar el valor de la multa.
"Camioneros apeló pero no pagó. Por lo cual la próxima instancia es que el Ministerio haga el descargo respecto a la falta de pago (debe pagar antes de apelar) y luego realizar pedido de embargo", dijo uno de los funcionarios allegados al ministro. Luego, esa hipótesis fue confirmada por el propio Triaca.
"Todavía no se avanzó en ese sentido, ni existe una decisión tomada. Pero es una posibilidad y se está evaluando", señalaron en la cartera laboral.
Según expertos laboralistas, si bien Moyano apeló la multa ante la justicia laboral, el ministerio igualmente puede iniciar la acción de embargo, porque las apelaciones no suspenden la acción de pagar. El sindicato está obligado a depositar el valor de la multa y luego apelar, excepto si demuestra que está en condiciones de insolvencia. En ese caso, la apelación directa se impone porque de lo contrario se le cercenarían sus derechos de acceder a la Justicia.
"Pero este no es el caso de insolvencia", señalaron abogados que conocen el mundo laboral.
La multa de 810 millones de pesos surge del procedimiento sancionatorio iniciado por el incumplimiento de la conciliación obligatoria dictada el 26 de diciembre de 2017. El monto de la sanción se fija a partir de la ley 25.212, que establece el 50% del salario mínimo vital y móvil al momento del incumplimiento ($8860) multiplicado por la cantidad de afiliados. Como la mitad de ese sueldo era $4430 y la cantidad de afiliados era de 182.797, el monto en cuestión es de 809.790.000 pesos.
Fuente: La Nación