El Defensor que duró 5 meses
La renuncia de Ricardo Pierazzoli a la Defensoría del Pueblo no causó demasiada sorpresa: su designación fue cuestionada desde el día mismo de su aprobación. Su paso por cargos anteriores minó su futuro.
Dice la ley orgánica que crea la figura del Defensor del Pueblo en Jujuy, en su artículo 6to, que podrá ser elegido en ese cargo toda persona que tenga “acreditada y probada solvencia moral”.
El cúmulo de denuncias penales en contra de Ricardo Pierazzoli, terminaron por convencer a los diputados provinciales de que el defensor propuesto por el Frente Para la Victoria para ocupar el cargo no lograba sortear ese requisito, indispensable y exigido por la ley.
Una denuncia por violencia de género fue lo que terminó de definir el destino de Pierazzolli como Defensor del Pueblo, lugar que ocupaba desde el pasado 21 de abril.
Sin embargo, en la misma sesión especial que determinó su nombramiento, un coro de voces ya se alzaba en contra del ex funcionario kirchnerista, por sus cuestionados antecedentes en la función pública.
Sus cuatro años como ministro de hacienda de la gestión Fellner culminaron con una denuncia penal en su contra por evasión impositiva. Los trabajadores estatales e incluso la actual Ministra de Educación Isolda Calsina, lo acusaron por ordenar que el Estado retuviera aportes patronales del sueldo de sus empleados, sin hacer el depósito de ese dinero en AFIP, como lo marca la ley.
El destino de esos fondos jamás fue explicado, aun existiendo un expediente en la justicia.
Por otro lado, su gestión en la cartera que administra los recursos públicos culminó con una superpoblación de empleados precarizados, punteros políticos desparramados con cargos públicos en casi todas las áreas, sin que nadie pudiera entender bien qué función desempeñaban ni qué servicio le prestaban al ciudadano, en definitiva el dueño de esos recursos de los que Pierazzoli disponía sin demasiada transparencia.
Quienes lo frecuentaron en las oficinas de Casa de Gobierno dejan trascender algunos rasgos negativos de su temperamento: sus detractores no dejan de señalar la soberbia y la ira con que suele reaccionar ante los avatares propios de los altos cargos.
Su suerte se definió en la 25° sesión legislativa, cuando la mayoría parlamentaria de Cambia Jujuy decidió removerlo en vistas de la imputación que pesa en su contra por supuestas amenazas y abuso de autoridad ejercido contra una empleada que lo acusa de provocarle un daño psicológico a raíz del hostigamiento.
Sin embargo, su designación, mal parida, hacía prever con antelación su salida de la Defensoría del Pueblo.