Comenzó la etapa final del juicio por el robo de bebés
Se realizó hoy la primera jornada de alegatos en el juicio oral que se sigue a ocho represores por la apropiación de menores.
(Telam)
La existencia de un "plan sistemático" para el robo de bebés nacidos cuando sus madres estaban en ilegal cautiverio durante la última dictadura militar, fue el eje de la argumentación de los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo.
"Hay innumerables pruebas de la sistematicidad de los robos de niños que luego fueron criados en la mentira”, dijo esta mañana el abogado Alan Iud, quien acusó a los responsables del “terrorismo de Estado” por el “plan general de exterminio de militantes políticos” y, en ese marco, los “perversos y crueles métodos” implementados por los represores.
El letrado enfatizó que “la suerte de los niños” apropiados “estaba atada a la de sus padres” por lo que los represores recurrían “a la aberrante práctica de hacer desaparecer a las madres para que los bebés jamás llegaran a manos de sus familiares”.
En la introducción de su alegato –que culminará mañana por la tarde cuando solicite la pena para los imputados- Iud ponderó el trabajo de las Abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de “memoria, verdad y justicia” y que, en el pasado, muchas veces debieron hacerlo “sin respaldo institucional”.
En ese sentido, aludió a la “excesiva demora” de trámite del juicio, en referencia a los 15 años que transcurrieron desde que Estela de Carlotto realizó la denuncia sobre el “plan sistemático” para el robo de bebés; y sostuvo que ello permitió que “fallecieran impunes” los represores Eduardo Emilio Massera, Carlos Suárez Mason y Cristino Nicolaides, entre otros.
También se lamentó que “abuelas murieran sin conocer el destino de sus nietos” y puntualizó que el robo de bebés formó parte de un “plan general de exterminio” perpetrado por una “maquinaria de horror” que se comenzó a gestar en 1975, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, cuando los represores se organizaron para usurpar el poder el 24 de marzo de 1976.
En este juicio están acusados los represores Jorge Rafael Videla, Reynaldo Benito Bignone, el ex general Santiago Omra Riveros, el ex almirante Antonio Vañek, el ex capitán de la Marina Jorge "Tigre" Acosta, el ex prefecto Jorge Azic, el ex marino Rubén Franco y el ex médico del hospital Naval acusado de haber asistido a los partos en la maternidad clandestina de la ESMA, Jorge Magnacco.
Las fuentes consultadas indicaron que el delito que juzga el Tribunal Oral Federal 6 no prevé la pena de prisión perpetua pero sí penas importantes, sobre todo en aquellos casos en los que la apropiación se prolongó en el tiempo y en que las víctimas recuperaron la identidad pocos años atrás o aún se comete porque no se ha dado con el bebé robado.
"Que las órdenes fueron dadas desde arriba quedó claro con la maternidad clandestina que se instaló en la ESMA, por ejemplo", precisó el fiscal Martín Niklison, en referencia al lugar donde se hacía dar a luz a secuestradas embarazadas en ese centro clandestino de detención y que fue apodado por los mismos represores como la "pequeña Sardá".
En total y por primera vez en un juicio oral, se analizaron 35 hechos de apropiación , entre ellos los de la nieta del poeta Juan Gelman, de Carlotto, de "Chicha" Mariani y los de los nietos recuperados Victoria Montenegro, el legislador Juan Cabandié y Victoria Donda, entre otros.
Por la sala de audiencias de Comodoro Py 2002 pasaron unos 400 testigos, entre víctimas de la apropiación, familiares, sobrevivientes de centros clandestinos de detención y otros que dieron cuenta entre otros aspectos de irregulares procedimientos de adopción llevados adelante por jueces de menores, algo que podría derivar en pedidos de apertura de causas penales nuevas por parte del Tribunal oral cuando de a conocer el veredicto.
En el juicio se analizaron los robos de bebés en los centros clandestinos de detención que funcionaban en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), en Campo de Mayo y los conocidos como "Pozo de Banfield" y "la Cacha".