- El incremento de las denuncias por hechos de violencia de género supera la capacidad de respuesta de las Fuerzas de seguridad.
- Las vigilancias aprobadas por los Juzgados son tantas que no hay personal suficiente para asignar a los domicilios.
- Desde la Policía reconocen además que falta mayor capacitación.
La Policía de Jujuy admite falencias para asistir víctimas de violencia de género
Desde la Dirección General de Políticas de Género reconocieron la recepción de hasta 100 oficios diarios por causas relacionadas a violencias de género. En el 90% de las denuncias recibidas en los Centros Especializados, las víctimas son mujeres y el resto involucra adultos mayores y niños. Reconocen que falta mayor capacitación a los efectivos.
Todas las cifras oficiales y extraoficiales dan cuenta del crecimiento exponencial de los delitos relacionados con crímenes de odio en nuestra provincia. Salvando las diferencias cuantitativas que puede tener el observatorio de una ONG respecto de un ente gubernamental, ambos sectores coinciden en que los hechos exceden la capacidad de respuesta efectiva de las fuerzas de seguridad locales.
Como respuesta a una situación que tuvo su punto más álgido/crítico en 2020, fue sancionada la Ley Nº6186, popularmente conocida como Ley Iara, declarando la emergencia en violencia de género, prorrogada por segunda vez el pasado mayo. A partir de su sanción, fueron creados los Centros de Atención a las Víctimas de Violencia Familiar y de Género en todas las Unidades Regionales de la provincia, como dispone el artículo 12 inciso c quedando bajo la órbita de la Dirección General de Políticas de Género y Diversidad de la Policía de Jujuy.
El mismo artículo dispuso la incorporación de nuevos lineamientos en la formación de efectivos policiales en el seno del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUPS) desde donde se abastecen de personal cotidianamente, además de cambios procedimentales y la implementación de la aplicación de la aplicación Di.M.E. en los celulares de las víctimas, entre otras medidas preventivas.
La directora Silvia Chazarreta dialogó con Radio 2 sobre la situación advertida entre los 8 centros especializados distribuidos entre las cuatro regiones que componen nuestra geografía, donde el 90% de las denuncias tienen a mujeres como víctimas reservando un 10% para casos de niños, niñas y adolescentes además de adultos mayores.
“Tenemos un plantel de casi 160 efectivos, necesitamos incrementar la fuerza efectiva de los centros y oficinas además de la capacitación. Requerimos que estén instruidos en la Ley Micaela, capacitados permanentemente en violencia de género y con perspectiva de género donde todavía hay resistencia”, señaló como requerimientos elevados al Ministerio de Seguridad al percibir que la demanda supera su capacidad de respuesta.
En la Dirección recibimos todos los oficios de las medidas cautelares, trabajamos con cuatro juzgados en San Salvador y dos en el Ramal, son entre hasta 100 oficios diarios y notificaciones tratando de ejecutar las medidas de manera inmediata
El crecimiento de las denuncias por casos de violencia de género en el transcurso del año supera las tareas de vigilancia que puede realizar efectivamente la policía. Si bien la Aplicación para smartphones Di.M.E. ofrece una respuesta veloz, de ninguna manera reemplaza la presencia de los uniformados en el perímetro de riesgo.
“Si bien no depende de nuestra área, las vigilancias otorgadas por el Juzgado son muchísimas. En algunos casos puntuales puede efectuarse de manera permanente, en otros la disponibilidad del recurso humano obliga a realizar rondas policiales”, explicó Chazarreta afirmando que no pueden dejar de lado el resto de las tareas de seguridad como ser el patrullaje en los barrios para avocarse únicamente a la vigilancia domiciliaria. No obstante esperan que la camada del IUPS próxima a egresar los abastezca de personal.
Pero los hechos de violencia no se limitan únicamente al personal civil, los efectivos femeninos también lo padecen, representando entre un 20% a 30% del total. En una mínima proporción se encuentran miembros de la diversidad, cuya representación todavía tiene una importante tarea de deconstrucción según señala la funcionaria pública. Como respuesta la Jefatura de Policía trabaja sobre un protocolo de actuación a desarrollarse en el seno de la fuerza para gestionar los casos con la eficiencia y celeridad que tales situaciones se merecen.