La administración de los casi 1,3 millones de planes sociales pertenecientes al Potenciar Trabajo cambiará de manos el año que viene. Horas después de que el ministro de Economía, Sergio Massa, anunciara el traslado del programa del Ministerio de Desarrollo Social hacia el de Trabajo, surgió el decreto firmado por el presidente Alberto Fernández y las titulares de ambas carteras –Victoria Tolosa Paz y Raquel “Kelly” Olmos, respectivamente– oficializando una medida cuya profundidad y alcance todavía se desconoce, pero que ya es vista de reojo por las organizaciones sociales opositoras al Gobierno.
El Gobierno pasó el manejo de los planes de cooperativas al Ministerio de Trabajo
Con el visto bueno de la UTEP, el Potenciar Trabajo dejará de estar bajo la órbita de Desarrollo Social; "Es un ataque a la organización popular en los barrios", advierte Belliboni.
Hasta enero de 2024, el programa seguirá estando bajo la órbita de Desarrollo Social y dentro de la secretaria de Economía Social, controlada hoy por Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita, la organización social afín al oficialismo que administra la mayor parte de los planes. Con el visto bueno de las agrupaciones más cercanas al Gobierno, como Somos Barrios de Pie y el propio Movimiento Evita –todas ellas nucleadas dentro de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP)– los planes pasarán a formar parte de Inclusión Laboral, el programa creado por el mismo decreto con el que se anunció el traslado. La capacitación profesional obligatoria para los beneficiarios del plan fue promovida como la principal novedad de una iniciativa que, por el momento, carece de letra chica.
En rigor, la capacitación era parte esencial de este programa de cooperativas que el kirchnerismo creó en 2009 –entonces se llamaba Plan Argentina Trabaja– luego de ser derrotado en las elecciones legislativas por Francisco De Narváez. El plan fue mutando con los años: las cooperativas perdieron espacio, se dejó de pedir contraprestación laboral a los beneficiarios o se les requirió certificados de formación. Mientras, el número de beneficiarios se amplió geométricamente.
“Es un ataque en regla a la organización popular en los barrios. No estamos de acuerdo”, le dijo Eduardo Belliboni. El líder del Polo Obrero, una de las voces opositoras más duras dentro del universo de las organizaciones sociales. Luego de reunirse con Pérsico –que cerró el traspaso en una reunión con el ministro Massa– levantó la guardia y manifestó su rechazo a la iniciativa oficialista.
“Tiene muy poco para explicar [Pérsico]. Fue una decisión un poco de campaña electoral, un guiño a la derecha que quiere hace mucho golpear a las organizaciones sociales que trabajan en los barrios”, insiste Belliboni. “Están planteando una especie de capacitación como si las personas no estuvieran capacitadas. Lo que falta es trabajo. Es una nueva maniobra, un refrito de todos los programas anteriores con nombres parecidos y ninguno funciona”, sostiene y agrega: “No es ningún puente al trabajo. La posibilidad de que hay trabajo tiene que ver con el desarrollo de la economía, no se maneja con un decreto”.
Silvia Saravia, dirigente de Libres del Sur, una de las organizaciones sociales opositoras que administra planes Potenciar, es más cauta, pero también mira con desconfianza la resolución del oficialismo. “Lo único que tenemos es lo que se publicó”, explica, en alusión a los pocos detalles que se conocieron en torno a la medida. ”Si es bueno o es malo habrá que verlo en la reglamentación. Hay una zona gris con una serie de cuestiones. A priori es importante que se ponga el eje en crear puestos de trabajo. Pero es eso lo que va hacer que bajen los planes sociales”, sugiere, sin ocultar sus dudas sobre la implementación del nuevo programa y sin dejar de destacar la importancia de que el próximo gobierno fortalezca tanto a las “pequeñas y medianas empresas”, como a las “economías regionales”.
Los dirigentes ligados al oficialismo, como el secretario general de Somos Barrios de Pie, Daniel Menendez, respaldan la medida impulsada por Massa, aduciendo que el ministerio de Trabajo es el “lugar natural” para la administración de programas que tienen como norte un empalme con el empleo formal. Antonio Gramajo, que remplazará a Estaban “Gringo” Castro en la conducción de la UTEP, sostuvo: “Abordar este tema desde el Ministerio de Trabajo, reconociendo la economía popular como un actor económico que produce y trabaja, tal cual lo determina la ley de emergencia social votada por unanimidad en ambas cámaras [en 2016], es el camino correcto para encarar una solución integral”.
“Mayoritariamente, vemos que las organizaciones están de acuerdo con que se pase a Trabajo, hay que terminar de discutir la nueva reglamentación y la UTEP debe ser parte de ese proceso, dijo Gramajo.