El abogado de comerciantes del predio ferial denunció distintos perjuicios para los vendedores en las asambleas concretados recientemente.
En medio de denuncias de perjuicios e irregularidades de autoridades y referentes, el conflicto de la Feria Mayorista de Perico continúa.
El abogado de comerciantes, Gabriel Hernández, recordó algunos antecedentes del conflicto y señaló lo que considera como “mentiras” que continúan perjudicando a los feriantes. “El 20 de diciembre del año pasado se firmó un convenio de reconocimiento de deuda entre el presidente de la cooperativa y el intendente de Perico; en el convenio, la cooperativa reconoció adeudar a la Municipalidad, en alquileres, $ 670.000.000”.
“La primera vez que se vio la palabra alquiler en la feria es un juicio ordinario por daños y perjuicios por cobro de alquileres, promovido por la Municipalidad contra la cooperativa y los feriantes. Antes nunca se pagaron alquileres. El predio donde se asienta la feria es de la Municipalidad, pero las construcciones las hicieron los feriantes. Hay un convenio de 2007, celebrado entre el intendente Ficoseco y quien era presidente de la cooperativa en ese momento, Carlos Gualampa. Se deja bien claro que a las obras del predio se las reconocía a la cooperativa en cabeza, y por su lado, la cooperativa reconocía que el predio donde están las obras pertenecía a la Municipalidad. En cambio, por el uso de ese espacio municipal, los feriantes pagaban derecho de piso, que se iba a continuar pagándolo a la Municipalidad”.
“La diferencia entre derecho de piso y alquileres que entendemos que derecho de piso es un canon por el uso de suelo municipal, y ellos alegan que es un impuesto, como si fuera inmobiliario, pero no pueden cobrarlo acá porque es atribución de la provincia, no de la municipalidad. Por el uso de ese espacio de la Municipalidad de Perico, los feriantes pagaron históricamente un derecho de piso, previsto en una ordenanza tributaria”.
“Como a la obra la pagaron los feriantes, no tienen que pagar alquiler, es como que me construya una casa en terreno ajeno y tengo que pagar alquiler”.
“El convenio está aprobado por el Concejo Deliberante de Perico, está la resolución 061 de 2008, que aprueba el convenio, y considerando esa resolución que el convenio sirve para garantizar el uso de los bienes de la cooperativa”.
"Este convenio de 2007 tenía vigencia de 10 años, prorrogable por 10 años más. Por irregularidades que realizó el Consejo de Administración que estaba en 2017, el Deliberante de Perico sacó una resolución por la que se decide no prorrogar el contrato, el convenio prorrogable. Se decide que no se prorrogaría porque había venta de puestos, según manifiesta la resolución por parte del Consejo de Administración que estaba en la Cooperativa en ese momento. Vendían puestos y además cobraban el derecho de piso y no lo ingresaban a las arcas municipales, por eso se dicta esta resolución, que es un tipo de sanción al Consejo de Administración de ese momento, pero la resolución deja salvo en todo momento el derecho a trabajar y seguir ocupando los puestos de todos los feriantes instalados”.
“Quien le prohíbe expresamente esa resolución al intendente, ejercer actos de abuso de poder contra los feriantes, tiene que garantizar la ocupación de los puestos y asegurar el derecho a trabajar. Curiosamente, la resolución es de 2017, y en 2018 Jenefes promueve la demanda por daños y perjuicios, por cobro de alquileres. El alquiler no surge en ninguna ordenanza, no sabemos precisar de dónde surge la intensión de cobrar alquileres”.
“Si Ficoseco tomó esa decisión está actuando en franca violación a la Carta Orgánica de Perico, que establece que todas las rentas que produzcan inmuebles municipales son atribución expresa del concejo deliberante, no del intendente”.
“La desconoce o no le importa, él verá lo que ocurre, pero no respetó la resolución del Concejo Deliberante ni la Carta Orgánica y avanzó con los juicios por daños y perjuicios por cobro de alquileres contra la cooperativa y los feriantes”.
“A raíz de este convenio que celebró el presidente de la cooperativa con el intendente el 20 de diciembre de 2023, el convenio se sometió a aprobación de la asamblea el 12 de enero de 2024. Se citó a la asamblea, se convocó, y su objeto era poner a su consideración el convenio que había firmado el presidente con el intendente. Curiosamente, en esa asamblea el presidente Castro no llevó el convenio, le hizo aprobar un convenio que no presentó. Tenemos audios de la asamblea donde se le pregunta a Castro por el convenio y dice que no lo tiene, que lo tenía el intendente. No llevó el convenio y el objeto de la asamblea era tratar su aprobación”.
“El convenio se aprobó con mentiras, se le mintió a la gente, se intentó forzar la decisión de la asamblea desde un principio. Castro empezó su discurso diciendo que hay muchos socios embargados, que tienen embargadas fincas, camiones, y después dice que hay una orden de desalojo contra los asociados, lo cual es mentira, porque no existe juicio de desalojo. Lo que existe es una acción posesoria, promovida por la Municipalidad, pero solo en contra de la cooperativa, no de los asociados. En cambio, la demanda de daños y perjuicios se promueve contra la cooperativa y con todos los asociados, porque no se pueden hacer efectivos los efectos de esa sentencia, la acción posesoria, a los asociados. No están demandados. No me pueden hacer efectivos los efectos de una sentencia en la que no fui parte, y los asociados no fueron parte”.
“Esto es un tema jurídico, porque hay muchos aspectos legales involucrados. Sin embargo, hasta ahora que lo tratamos de llevar por los carriles jurídicos, no llegamos a ninguna solución. Hace falta que alguien intervenga y que esto se solucione como debe ser”.
