Pensando en la retirada buscan construir un búnker de impunidad y supervivencia
En medio del debate por el futuro institucional y económico de Jujuy, crecen las críticas al oficialismo por lo que algunos sectores interpretan como una estrategia de repliegue político. Apuntan a cambios en el sistema judicial, tensiones por el control del poder territorial en la capital y decisiones vinculadas a las empresas estatales, en un contexto donde se discute el rumbo del modelo de gestión y el uso de los recursos públicos de cara a los próximos años.
Hoy quiero detenerme a analizar lo que está pasando en los pasillos del poder en Jujuy, porque lo que estamos viendo no son movimientos aislados, sino la radiografía perfecta y descarnada de un oficialismo que acusa el impacto del paso del tiempo y ya se “autopercibe” en retirada de cara al escenario electoral de 2027.
Cuando un proyecto político empieza a oler el final de su ciclo, la prioridad deja de ser la gestión pública y pasa a ser, casi exclusivamente, la construcción de un búnker de impunidad y supervivencia. La reciente y polémica modificación de la ley original de creación del Consejo de la Magistratura es la prueba más obscena de este fenómeno; estamos hablando de un organismo clave que no solo manejará un presupuesto millonario, sino que se convertirá en la llave maestra para moldear el mapa judicial de la provincia.
La desesperación del oficialismo por abroquelarse detrás de una mayoría de dos tercios no responde a una búsqueda de transparencia o modernización institucional. Digámoslo con todas las letras: es el miedo concreto a que, al dejar el poder, se les venga la noche y queden expuestos al rigor de la ley. Por eso necesita, con una urgencia que asusta, colonizar los despachos de los jueces y las fiscalías de investigación, asegurándose de que quienes tengan que revisarle las cuentas en el futuro sean amigos o dependientes directos, garantizando así el perdón social y judicial cuando les toque habitar el ostracismo político.
Pero este plan de blindaje tiene una segunda etapa que es puramente económica y corporativa, porque cuando el gobernador finalmente promulgue esta ley, vamos a ser testigos de un desembarco masivo de funcionarios, secretarios, asesores y allegados que hoy gozan de los privilegios del Estado provincial y que ven con pánico la posibilidad de quedarse a la intemperie y sin ingresos en 2027.
El problema para el oficialismo es que la estructura del esquema judicial no da abasto para contener a tanta tropa propia, y es exactamente ahí donde se explica el violento giro táctico hacia la Municipalidad de la capital. La postulación y el impulso del candidato Adriano Morone no debe leerse como una renovación interna genuina, sino como un instrumento político teledirigido por el exgobernador Gerardo Morales, quien busca desesperadamente desembarcar con su propia guardia pretoriana en el municipio capitalino, intentando pasar por encima y avasallar la estructura territorial del actual intendente Raúl Jorge.
Esta feroz interna por la caja municipal y por el control del territorio de la capital no es más que la confirmación de que los recursos escasean y el espacio se reduce.
En definitiva, lo que la ciudadanía jujeña está presenciando en vivo y en directo es el sálvese quien pueda de un gobierno en retirada que, consciente de su declive, prefiere rifar la independencia institucional y sacrificar la paz política interna con tal de asegurarse un retiro plácido, blindado y bien financiado.
La historia no solo no termina ahí, sino que el libreto de la retirada se vuelve cada vez más burdo y desesperado. Ahora el plan de blindaje suma un capítulo económico y de remate que es alarmante: la decisión de liquidar y vender las empresas del Estado, esas empresas que nacieron siendo de todos los jujeños, pero que fueron creadas bajo el signo de un financiamiento internacional asfixiante e impagable.
Hoy, convertidas en estructuras deficitarias por la propia impericia de la gestión, pretenden ser rematadas a precio de saldo con la única y urgente necesidad de hacer caja rápida. Pero claro, como el costo político de vaciar el patrimonio público es alto, el oficialismo necesita un relato, una puesta en escena, y ahí es donde aparece la gran excusa: la creación de la Agencia de Desarrollo de Alto Comedero.
Una promesa de último momento, un anuncio rimbombante que, lejos de entusiasmar, lo único que hace es profundizar la desconfianza generalizada de una sociedad que ya no compra espejitos de colores.
Detrás de esta supuesta preocupación por el destino de Alto Comedero no hay un afán de justicia social ni de descentralización genuina; lo que se esconde es el intento desesperado de recuperar el histórico bastión electoral que el radicalismo vio desmoronarse tras la dramática y contundente derrota que sufrió a manos de La Libertad Avanza en las urnas.
El golpe electoral fue tan letal que desnudó el fin de la hegemonía y encendió las alarmas en los despachos oficiales. Por eso resulta tan sospechoso, y hasta insultante para la inteligencia del ciudadano común, que después de 17 años ininterrumpidos de Raúl Jorge al frente de la intendencia capitalina, y tras 12 años de hegemonía provincial de este mismo signo político, recién ahora, cuando las papas queman, cuando las encuestas no dan y cuando el poder real se les escurre entre los dedos, se acuerden de las necesidades estructurales de Alto Comedero.
Con la finalidad de financiar una campaña de reconquista electoral con la venta del patrimonio de todos los jujeños, en un manotazo de ahogado que huele, a kilómetros de distancia, al sálvese quien pueda de un ciclo político que ya no tiene respuestas para ofrecer, sino privilegios que intentar salvar.