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Parque Nacional Calilegua: Donado, creado, explotado y ¿protegido?

El profesor, investigador y técnico en minas José Del Frari, analizó detalladamente el fallo de Corte Suprema de la Nación respecto a la explotación petrolífera en el Yacimiento Caimancito ubicado en el Parque Nacional Calilegua. A raíz del reciente fallo, la información vertida y ante leyes ambientales internacionales el gobierno de Gerardo Morales deberá sentarse a trabajar y poner los papeles sobre la mesa.

  • El profesor José Del Frari analizó el fallo donde la Corte Suprema ordenó la suspensión de extracción de petróleo en el Parque Calilegua y de toda actividad vinculada a la extracción de petróleo, en la zona.
  • Destacó algunos puntos que demuestran el manoseo de una zona protegida por leyes nacionales e internacionales.
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El profesor José Del Frari, docente, investigador y técnico en minas analizó puntillosamente el fallo donde la Corte Suprema de la Nación ordenó suspender extracción de petróleo en el Parque Calilegua y de toda actividad vinculada a la extracción de petróleo, en la zona.

Explicó que en febrero del corriente año el máximo tribunal atendió a la medida cautelar ante la acción de amparo por “daño ambiental” promovida por vecinos de la capital jujeña y la localidad de Lozano; para que se declare inconstitucional la explotación petrolera en el yacimiento Caimancito, dentro del Parque Nacional Calilegua.

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A partir de eso, Del Frari planteó algunos interrogantes que surgen de dicho fallo y del indiscutible amparo.

El profesor narró que el 10 de julio de 1979, por decreto nacional 1733 se creó el Parque Nacional Calilegua en el departamento Ledesma de la provincia de Jujuy. Fue creado a partir de una donación de tierras de la Provincia de Jujuy al Estado Nacional. Dicha donación encuadra también en un acuerdo que el entonces gobernador Justicialista Ing. Carlos Snopek tuvo con las empresas Ledesma y Cali para que “donen” a la provincia la zona del actual parque, como forma de pago de la deuda que estas tenían con la provincia por incumplimiento de leyes provinciales. ¿Fue donado o acordado?

En tanto agregó que recientemente la Auditoria General de la Nación informó que el marco legal del área no ha sido establecido ya que la ley provincial 4133 que declara que todos los decretos/leyes dictados por la administración de facto no ratificados por la legislatura de la provincia quedan derogados y estando inmersa la ley Provincial 3586, de donación y sesión que da origen al área” ¿La zona del parque Calilegua en qué lugar o bajo qué ley quedaría?

Del Frari relató que además el Sub Secretario del Defensor del Pueblo de la Nación explicitó que la obligación está a cargo del Servicio Nacional de Parques Nacionales (APN), que aún se encuentra pendiente de realización y por ello el Parque Nacional Calilegua no cuenta con su ley de creación ni tampoco se encuentra expresamente incluido en la ley N° 22.351 de parques nacionales. Otro agujero negro más que deja al descubierto la ilegalidad en la que dejaron un caso de suma importancia y la desidia de los gobernantes que se mofaron innumerable veces de la protección de la zona.

El profesor afirmó que la suspensión de la actividad en cuestión se sostiene, hasta que se resuelva la causa en definitiva como lo dice el fallo. Pero abre la posibilidad de defensa del ambiente y la nueva posición de los Jueces ante los fallos Internacionales; que plantea promover desde la justicia, medidas enfocadas a la sustentabilidad futura. Algo jamás visto en la provincia ni en el país.

Respecto a la prevención, explicó que el fallo otorga de manera prioritaria, el cese y suspensión de la actividad petrolera, en el Parque Nacional Calilegua y en el pozo. Inscribiéndose en el decreto ambiental la defensa de los Parques Nacionales y de las Reservas Estrictas, frente a actividades prohibidas, tiene en nuestro sistema legal, jerarquía y tutela constitucional. Para entender mejor, la Constitución Nacional tutelará al ambiente hasta que la Corte Suprema determine los pasos a seguir, teniendo en cuenta el principio precautorio (cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del ambiente. Más aun cuando, como en el caso, estamos en presencia de una reserva de biodiversidad, cuya protección está directamente vinculada con la explotación de la misma)

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¿Qué sucederá con el yacimiento Caimancito y el Parque Nacional Calilegua? ¿Quién protege y quién avanza ante los papeles flojos presentados por la provincia? ¿También la Reserva Provincial de fauna y flora OLAROZ (ley 3820/81) debe entrar en revisión en virtud de la reorientación ambiental Internacional? ¿Qué sucederá con el yacimiento Caimancito y el Parque Nacional Calilegua? ¿Quién protege y quién avanza ante los papeles flojos presentados por la provincia? ¿También la Reserva Provincial de fauna y flora OLAROZ (ley 3820/81) debe entrar en revisión en virtud de la reorientación ambiental Internacional?

A saber: en el fallo no existe consideración sobre la “remediación realizada por la provincia sobre el pozo en el año 2018”

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